El informe del servicio de Tesorería municipal revela que el Concello incumplió en los últimos meses el plazo previsto en la ley de 2004 por el cual se establece las medidas de lucha contra la morosidad, que es de 30 días, en lo que se refiere al pago de facturas a proveedores, al situare en 49,80 días, aunque en el pasado mes de septiembre llegó a ser de 50,67 días.
Una situación que para la responsable del área de Hacienda, Ana Fernández Morenza, "suele ser habitual", y argumenta que se produce durante el periodo vacacional, debido a las vacaciones, y que provoca un "arrastre" de facturas pendientes de pago. Y aunque reconoce que en está ocasión se trata de una "subida importante", espera que se vuelva a recuperar el pago de facturas a proveedores "en el plazo establecido por la ley -los 30 días- y que se pueda rebajar, como sucede durante el resto del año".
Y ante las criticas que surgen por parte de los grupos de la oposición, Fernández Morenza señala que en el anterior gobierno la demora llegó a situarse en los 78 días, con veinte de demora. Pero la intención del gobierno popular es la de "corregir" este tipo de demora en estos periodos concretos. En cuanto a las posibles reclamaciones que pueden hacer los proveedores, al responsable de Hacienda asegura "no tener conocimiento de que se produjese ningún requerimiento sobre la demora en el pago de facturas".
De haber, se deberá cumplir con lo que establece la propia Ley, que incluye el abono de los correspondientes intereses de demora. Aunque se trata de una situación que "nunca se dio hasta el momento".
Pero la cuestión que en estos momento ocupa a la responsable de hacienda, y que se convierte en objeto de las criticas de la oposición, están relacionadas con los presupuestos del Concello. Y más allá de señalar que "estamos trabajando en ello", descarta que se pueda presentar y aprobar el proyecto para el presente ejercicio de 2017, a dos meses de finalizar el año.
Eso lleva a que el trabajo se centre ahora en el proyecto de presupuestos para 2018, en el que dice Fernández Morenza "estamos trabajando desde julio", al manejar ya la posibilidad de no fuese posible aprobar los de 2017.
Y aunque se llegó a presentar un borrador a los grupos de la oposición, al final un informe de fiscalización de Intervención daba al traste con la hoja de ruta del gobierno, al plasmar "deficiencias" en el proyecto presentado, sobre todo en lo concerniente al capítulo de personal, así como a lo relacionado con las aportaciones del concello a diferentes convenios.
Nuevo documento
Así las cosas, Fernández Morenza, que en todo momento evita dar plazos relacionados con la presentación del nuevo documento, por lo que se seguirá un año más con los presupuestos de 2014, los que aprobó el Gobierno socialista en el último año de mandato, señala como clave el techo de gasto, por lo que no podrán superar los 101 millones de euros, salvo algunas novedades legislativas que puedan producir.
Otra de las cuestiones en las que incide la edil es que "somos un gobierno en minoría, por lo que necesitamos el apoyo de la oposición". Sobre está cuestión, reconoce que por el momento los únicos que han realizado un planteamiento, no de forma oficial, fue el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, que en una comparecencia pública expuso sus condiciones. Lo que lamenta Fernández Morenza es que los otros dos grupos, tanto socialistas como Ourense en Común, "nada de nada". Aunque espera que una ves le sea entregado el proyecto de presupuestos para 2018 se pueda iniciar un proceso de negociación que permita volver a tener un documento económico. Lo que está claro es que no se volverá a cumplir el plazo para su presentación que establece la ley.
