María del Campo, presidenta de Progape, la protectora de gatos y perros de Ourense, asegura que la mayoría de casos de maltrato animal que suceden en la provincia quedan impunes, "porque ni la policía ni las administraciones conocen a fondo la ley", asegura.
"Pegar a tu perro o tenerlo malnutrido, son casos extremos, pero hay muchas más formas de maltrato, como no concederle la movilidad suficiente, al mantenerlo atado las 24 horas del día, como sucede en muchos lugares", explica del Campo, cuando hace apenas dos días que la Xunta hacía pública en el DOG la nueva ley de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, que entrará en vigor el próximo 11 de enero de 2018. Una legislación que al igual que la anterior, y por el momento vigente, prohibe este tipo de actuaciones.
Desde la protectora de Ourense, donde se entregan una media de 370 perros, y un centenar de gatos en adopción cada año, batallan diariamente con casos como el de un vecino de Amoeiro que acudió a ellos en busca de mascotas nuevas porque, según relató al personal de la protectora, sus perros agonizaban en su finca fruto de un envenenamiento y, "no quería llevarlos al veterinario por los gastos". En palabras de la presidenta del refugio ourensano: "Esperaba simplemente a que muriesen, sin auxiliarlos". La omisión de socorro es una actitud penada por la ley. "Les negó el auxilio a sus perros, y hasta reconoció ante la policía que estaba esperando a que muriesen para enterrarlos, y nadie hizo nada", denuncia del Campo.
"La legislación obliga a que la mascota tenga donde cobijarse, agua y comida a su disposición, una mínima libertad de movimiento, y las vacunas y desparasitación interna en regla", enumeraba del Campo. Unos requisitos que de no cumplirse deberían constituir, al menos, una falta administrativa. "Pero nunca pasa nada, nadie se mete en problemas por no cuidar de su mascota adecuadamente, porque cuando surge algún problema el encargado de redactar el informe, ni siquiera se fija en todas estas cosas, es vergonzoso", explica la presidenta de Progape.
Balú y la "favela" de Maside
María del Campo recordaba ejemplos como el de Balú, o el de la "favela perruna" descubierta en Maside en agosto de 2016, donde un hombre tenía a más de 20 perros hacinados en condiciones deplorables. "Fuimos hace poco con Balú a hacerle unas pruebas para controlar la epilepsia que se le agudizó después de que su dueño le golpease con un cincel en la cabeza", explicaba.
Un episodio de maltrato que casi le cuesta la vida al animal y por el que el acusado aceptó una pena de seis meses de prisión en junio del año pasado. Finalmente no ingresó por no tener antecedentes penales, y después de que la enfermedad psiquiátrica que sufre valiese de atenuante reduciendo la condena a la mitad.
"Al final, a efectos prácticos, es como si no pasase nada", lamentaba María que también intentó denunciar de nuevo al propietario de la finca de Maside, cuando meses después de rescatar de allí a varios perros acudió de nuevo y comprobó que la situación de los animales no había mejorado mucho. "Volví a denunciar y los agentes no estuvieron nada receptivos, semanas después me llamaron para decirme que todo había quedado desestimado", explicó.
"Al final todo se queda siempre en nada, es desesperante y muy injusto", reconocía la joven.
