La reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo que anula el nombramiento del nuevo jefe de servicio de Recursos Humanos del Concello, el exedil popular, Javier Rodríguez Nóvoa, no resulta sorpresa alguna para el presidente de la junta de personal y representante de la CIG, Daniel Salgado, al señalar que en política de personal "las cosas siguen igual o peor que antes", en referencia al anterior mandato del gobierno Socialista.

Lo que si quiso dejar claro, sobre todo después de algunas manifestaciones realizadas al respecto, es que por parte de la Junta de Personal del concello "no había connivencia alguna con el gobierno popular" en todo el proceso que se siguió, en alusión al concurso que se llevó a cabo, y que viene de ser anulado por el juzgado.

Y para apuntalar dicha afirmación, Daniel Salgado hace referencia al acta que la mesa general de negociación que se celebró en diciembre de 2015, relacionado con la propuesta de bases para la cobertura del puesto de jefe de servicio de Recursos Humanos mediante procedimiento de concurso.

Los representantes sindicales incidieron en una cuestión en la que pivota la nulidad judicial del nombramiento, como es el cambio en la ficha que se produjo en 2009, gobernando el PSOE, que dejó sin efecto la "especificidad" en titulaciones concretas, como la de derecho, Económicas o Empresariales, y se abría el procedimiento a a cualquier persona con independencia de su titulación. La respuesta de la edil de Recursos Humanos, flora Moure, en esa reunión, fue la de que "modificar la ficha supondría que hasta abril de 2016 no se podría cubrir la jefatura, y considera que la ficha es correcta".

Pero más allá de ese desacuerdo, y al igual que los grupos de la oposición, DO, PSOE y OUeC, la CIG decidió presentar recursos de reposición, a la que se sumó USO, pero al que el gobierno popular no contesto. Con lo que se finalizó la vía administrativa municipal. Pero PSOE y OUeC decidieron presentar recurso en la vía Contencioso Administrativo, y el juez anuló el nombramiento, aunque la sentencia no es firme, y el concello presentará recurso ante el TSXG.