Tanto la abogada de la CIG como la fiscal resaltaron en sus conclusiones que todos los trabajadores contratados de manera irregular guardaban relación de una forma u otra, bien como afiliados o bien como interventores electorales con el partido del alcalde en el momento en el que sucedieron los hechos. Un motivo que según las letradas, podría dar sentido a su contratación, a primera vista arbitraria, al no haber pasado ningún proceso de selección.

Un partido, el PP, del que Pérez Rodríguez se veía obligado a causar baja el 30 de noviembre de 2016 renunciando de manera temporal a su propia militancia una vez que la magistrada abrió juicio oral.

Una relación política que también une a Pérez con sus compañeros del grupo de gobierno cuya declaración "no es creíble" en opinión de la Fiscalía. "Ellos son quienes le mantienen el la Alcaldía e incluso podrían tener intereses detrás", indicó. Para la defensa, una forma de pensar injusta que ha minusvalorado sus testimonios. "Según ese razonamiento ser militante desacreditaría cualquier declaración", razonó.