Javier Ferreira, catedrático en Derecho Administrativo, explicó ayer ante la magistrada que instruye el proceso que juzga al alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, por un delito de prevaricación continuada, que recomendó como asesor al Concello no despedir a los contratados de manera irregular, porque al haber trabajado durante más de tres años concatenando contratos, aunque fuese una práctica ilegal, estos trabajadores habrían adquirido el estatus de indefinidos por la propia inercia del sistema. Si el consistorio ponía fin a la relación laboral, tendría que pagar "indemnizaciones cuantiosas".

El experto, que testificó en el juicio propuesto por el abogado de la defensa, indicó que esta práctica ya venía de viejo en el municipio limiao y que en el momento de los hechos había hasta 73 personas con esta situación laboral. Y el problema no sería solamente el pago de las indemnizaciones, según su análisis, sino que además, "el Concello no podría seguir ofreciendo los servicios que ellos cubrían", al tener que aplicarse el Real Decreto de 2011, que prohibía la contratación en las administraciones del Estado, salvo en casos muy puntuales y excepcionales.

Ante el panorama planteado por el jurista, la fiscal le exponía en sus preguntas si esta manera de proceder no era "un fraude, una puerta de atrás", pues ninguno de los contratos enjuiciados contaron con un proceso de selección que garantizase al resto de la población la posibilidad de optar a ellos en igualdad de condiciones. Ferreira indicó que, durante su asesoramiento, que fue contratado cuando el concello se vio obligado a la elaboración de un plan de ajuste por su mala situación económica, advirtió de que esa "no era la forma de proceder".

Una advertencia que en el Consistorio también habrían oído en boca de la responsable de la gestoría que se encargaba de elaborar los contratos. "Yo le comuniqué a Montse Lama, la concejal de Personal, que eran fraudulentos ya que había continuidad en unos contratos en los que no era posible por ley", indicó la testigo y trabajadora de la empresa a raíz de las preguntas de la letrada del sindicato CIG, personado en el proceso como acusación popular.

Sin embargo, ante la pregunta de si no le sorprendía que en algunos contratos se modificase el objeto, por ejemplo, que un auxiliar de cultura pasase a ser contratado como operario de limpieza de vía, la declarante indicó que eso no le había "llamado la atención".

Durante la sesión de ayer, la cuarta de cinco, también compareció el informático municipal que intervino, a petición del alcalde y bajo las instrucciones de la letrada municipal por entonces, María del Carmen Prado, el ordenador del exsecretario, Demetrio Martínez. "Por aquel momento yo desconocía la razón", reconoció el trabajador que tampoco hizo entrevista alguna para optar a su puesto cuando fue contratado hace doce años.

El regidor habría decidido tomar esa medida con el ordenador del exsecretario para comprobar las fechas de los escritos de reprobación que Martínez redactaba sobre los contratos fraudulentos. Pérez intentaba demostrar que los habían elaborado con posterioridad a que fuesen requeridos por la Fiscalía. También prestaron declaración el director de CEIP Rosalía de Castro y las actuales secretaria e interventora del Concello.

Esta misma mañana se celebrará la quinta y última sesión del proceso en el que se enjuicia la elaboración de varios contratos irregulares a cuatro trabajadores del Concello de Xinzo entre los años 2011 y 2012 y que han colocado a su alcalde, máximo responsable del municipio en materia de personal, como único acusado de un delito de prevaricación administrativa continuada. Un delito que, de demostrarse, podría suponer su inhabilitación durante diez años para cualquier cargo público.