La sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo que anula el nombramiento y toma de posesión como jefe de servicio de Recursos Humanos del Concello de Ourense, al exconcejal del PP Javier Rodríguez Nóvoa, derivó en un cruce de acusaciones entre el gobierno popular y el grupo socialista, toda vez que el magistrado los señala como responsable de un procedimiento, en diferente medida, y que le lleva a concluir que "estaba preparado, o cuando menos dirigido para adjudicar la plaza". De ahí que argumente la existencia de desviación de poder.
Así, el edil socialista, Javier Rey, que realizó ayer una valoración de la sentencia, junto a la edil de OUeC, Ledicia Piñeiro, al ser los dos grupos que presentaron el recurso, cargó contra la "política rancia" del PP en materia de Personal. Y asegurar que una "sentencia demoledora" deja claro que "se hizo un traje a la medida del que fuera concejal de Personal durante los gobiernos del PP". Y que la intención del actual gobierno era la de "contratar a Rodríguez Nóvoa como comisario político para controlar una de las áreas estratégicas".
Para reclamar responsabilidades políticas, pero sin concretar. Por contra restó relevancia a las responsabilidades que señala el magistrado del anterior gobierno del PSOE, del que formaban parte dos de sus actuales compañeros de grupo; el portavoz Vázquez Barquero, y la que fuera responsable de Personal, Carmen Rodríguez.
Fue la edil de Personal, Flora Moure, la encargada de responder a los socialistas lanzando acusaciones de responsabilidades que refleja la sentencia, que tiene previsto recurrir ante el TSXG, pero cuya decisión queda pendiente de que los servicios jurídicos "realicen un estudio exhaustivo". Mostró su sorpresa por la ausencia de Carmen Rodríguez en la comparecencia, ya que el juez en su resolución hace referencia expresa a la responsabilidad del PSOE en este asunto durante su etapa de gobierno. Para reprochar a Rey que "se atreva a hablar de política rancia cuando el juez establece que el inicio de esa política se produce en 2009, cuando gobernaban, al permitir que cualquier licenciado optase a la plaza, eliminando cualquier titulación especifica".
Para criticar que se "omita deliberadamente" que el magistrado hacer referencia a que "es extraordinariamente llamativo que son ahora los que presentan el recurso, o buena parte de ellos, los que en ese momento concejales del partido que gobernaban -cuando se produjo el cambio-, y por lo tanto actores principales de la situación creada". Sin hacer mención Moure a que la sentencia también señala la responsabilidad del actual gobierno que "no modificó ese requisito, pese a la grosera supresión del mismo".
Más directa fue la edil de OUeC, Ledicia Piñeriro, al "exigir responsabilidades políticas", que se concreta con la petición de dimisión de la edil de Recursos Humanos, Flora Moure, por "llevar a cabo un concurso ilegal", así como por haber indicios de que pudo cometer un delito de prevaricación, en alusión a que el magistrado aprecia la existencia de deviación de poder. Y la del alcalde, Jesús Vázquez, por "permitir este procedimiento irregular y hacer caso omiso a las advertencias", en alusión al recurso de reposición que previo al contencioso presentaran OUeC e PSOE en agosto de 2016.
