El concejal de Cultura de Xinzo, Carlos Gómez, declaró ayer ante la juez que instruye el proceso que acusa al alcalde por un delito de prevaricación continuada, que "es imposible que el regidor redactase ningún expediente de contratación, porque ni siquiera tiene un ordenador en el despacho".

El edil, que continúa en el cargo, explicó en el juzgado que él, al igual que aseguró el pasado martes el concejal de Obras y ayer mismo también la responsabel municipal de Medio Ambiente, María Dolores Calvo López, además del propio acusado el lunes, que el regidor de Xinzo, efectivamente leía los documentos sin leerlos, "yo fui testigo de ello" dijo.

Parece que la confianza plena en el secretario no era cosa solo del alcalde, pues Gómez declaró que él también estampó su rúbrica en documentos que "le dio a firmar el secretario". Entre ellos, una propuesta de renovación de uno de los trabajadores cuyo contrato ha sido anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por ser irregular.

A pesar de estar seguro de que no era Antonio Pérez quien redactaba los expedientes ni los decretos de contratación, el concejal aseguraba desconocer quien los firmaba. "La verdad es que veces uno no está en el detalle", se disculpaba tras una de las preguntas de la fiscal.

Eso sí, reiteró que quien los iniciaba era el secretario. De ahí la sorpresa cuando la letrada de la CIG, personada como acusación popular, le expuso lo que había expresado el día antes, su compañera en el gobierno de Xinzo, Montse Lama, quien aseguró que era el alcalde quien se encargaba de la contratación. "No sé por qué habrá dicho eso, porque no es cierto, era una cosa que llevaba secretaría", respondió.

Un tema que incluso, según reconoció, le habría llevado a tener una discusión con el alcalde: "En una ocasión llegó incluso a echarme del despacho cuando fui a hacerle una pregunta sobre el tema. mMe dijo: yo que sé, eso háblalo con el secretario", relató.

En la jornada de ayer, tercera de las cinco que se están celebrando esta semana, también comparecieron como testigos dos trabajadores que fueron contratados de manera irregular según sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un técnico de la concellería de Servicios Sociales, el encargado de la brigada municipal de servicios, y la concejal de Medio Ambiente, María Dolores Calvo López.

Esta última, desmentía de nuevo a su compañera, Montse Lama, al afirmar que "no se sabía nada" del decreto que prohibía contratar, y que tampoco es verdad que fuera "el alcalde el que decidía las contrataciones", recalcó la edil.