El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, que se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada e investigado por realizar contrataciones por decreto o elaborando directamente los contratos a personas determinadas sin proceso de selección, declaró ayer ante la titular del Juzgado de lo Penal 1 que no se leía los decretos que firmaba porque tenía "confianza plena" en el secretario municipal. "Me limitaba a preguntarle antes si había alguna anomalía", afirmó. También aseguró que "nadie" le informó de lo que suponía el decreto estatal de 2011, que prohíbe la contratación de personal temporal en cualquier administración del Estado salvo en casos excepcionales.
Por su parte, el secretario, que también llegó a ser interventor, su adjunta y la antecesora en el puesto de Intervención ofrecieron la misma versión, en la que reiteraron que informaron de manera negativa con respecto a todos los contratos enjuiciados -en este proceso un total de cuatro- y que el alcalde era conocedor y comprendía los informes. A pesar de ello, señalaron que procedió igualmente a realizar las contrataciones irregulares alegando que era "necesario y urgente cubrir los puestos". El secretario Demetrio Martínez también indicó en su declaración que Antonio Pérez leía los decretos en su presencia y "no realizaba una firma automática".
Al hilo de las preguntas de la fiscal, el alcalde de Xinzo desde 2010 explicó la forma en la que se llevaban a cabo las contrataciones en el ayuntamiento. "Una vez finalizadas las juntas de gobierno, se hacía un rondo de preguntas entre los concejales para que expresasen si tenían alguna necesidad en materia de personal", aseguró. Un proceso que se llevaba a cabo siempre de manera oral y sin actas que recogiesen los acuerdos.
Sin embargo, Antonio Pérez negó que durante esas conversaciones con su equipo de gobierno se planteasen nombres concretos para ocupar cada uno de los puestos. Una vez que se decidía contratar por parte de la Alcaldía, que en el concello limiao ostenta la máxima responsabilidad en materia de personal, Pérez afirmó que era el secretario el encargado de "iniciar el expediente de contratación y preparar toda la documentación".
Al reconocer que no leía los documentos que le llegaban del secretario municipal, Pérez quiso dejar claro que tampoco le constaba que en ellos apareciese el nombre de ningún trabajador en particular.
Mérito y publicidad
La mayoría de los contratos que se enjuician en el proceso en curso eran renovaciones de personal que ya había sido contratado anteriormente de forma temporal. Según la versión de Fiscalía, la manera en la que se procedía desde la Alcaldía, al contratar de nuevo a los mismos operarios, sin dar opción a otros ciudadanos a optar al puesto, no garantizaba los principios constitucionales de mérito y publicidad para el acceso al empleo público. "No le puedo contestar, no lo sé", respondía Antonio Pérez a esta afirmación de la fiscal. Y precisaba: "Esa no era mi labor, yo me limitaba a firmar los decretos. De saber que eran irregulares, obviamente no los habría firmado".
Antonio Pérez declaraba ayer como único investigado en la primera vista de un proceso que se prolongará hasta el próximo viernes y en el que se contempla la declaración de más de 20 testigos. En la sesión celebrada este lunes testificaron, tras el alcalde, el secretario en el momento de los hechos, su adjunta, la anterior interventora y dos de los concejales del gobierno del Partido Popular de Xinzo de Limia, Manuel Cabas López y Manuel López Casas.
