Tres años después de que el gobierno local aprobase de forma definitiva el proyecto de urbanización del ámbito de As Lagoas en el entorno del campus universitario (zona 4 del SU-25), los trámites administrativos siguen enfrentando a grupos políticos, gobierno local, junta de compensación y vecinos del barrio que sufren los efectos de la paralización de las obras a la espera ahora de que se resuleva el expediente de concesión de subsuelo solicitado por los propietarios en diciembre de 2016.

El último capítulo lo proporcionó ayer el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que desveló el contenido de un informe del interventor municipal con fecha del pasado 21 de agosto en el que el funcionario informa negativamente la cesión de subsuelo público para la construcción del aparcamiento que daría servicio a los nueve bloques de viviendas contemplados en el planeamiento.

Apoyado en este documento y dando lectura a parte de su contenido, el edil socialista reveló que, "apreciada una vulneración de la normativa urbanística, tributaria y de contratación de las administraciones públicas", el interventor informa negativamente el expediente por entender que dicha pretensión solicitada por la junta de compensación "adolece de defectos susceptibles de provocar la propia nulidad de la concesión que eventualmente pudiese otorgarse".

Redunda Barquero que este informe, al que su grupo tuvo acceso el pasado viernes, "deja a las claras las graves irregularidades que se están cometiendo en la tramitación de este expediente" que, añade, "cuenta con el aval del actual concejal de Urbanismo, José Cudeiro". Afirma que la incorporación de suelo público supone una modificación sobre los proyectos de compensación y urbanización aprobados en junta de gobierno, por lo que la construcción no podría recibir licencia de obra.

La ejecución del proyecto de urbanización quedó en suspenso el pasado mes de diciembre a petición de la junta de compensación, que solicitó subsuelo "para el paso de vehículos, no para el aparcamiento", aclara el portavoz del colectivo de propietarios, Antonio Feijóo. Una concesión, añade, "que cuenta con los informes técnicos favorables de la arquitecta municipal, la ingeniera municipal, el jefe de servicio de gestión y el asesor jurídico". El letrado defiende la legalidad del procedimiento y matiza que, además de pagar un canon anual, las galerías "quedarían en beneficio municipal como accesos si en el futuro el Concello, que tiene tres parcelas, construye un parking debajo de la plaza".

No obstante, el interventor se ha mostrado en contra de esta concesión con un informe sobre el que también respondió ayer el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, quien quiso dejar claro que "nosotros no adoptamos ninguna decisión en contra de ese informe". También incidió en la existencia de informes técnicos positivos "que avalan las peticiones de la junta de compensación". La obligación del gobierno municipal, indicó el regidor, "es tratar de resolver los conflictos que se dan entre partes y esta fue una 'zona caliente' en la anterior etapa de gobierno que generó un enfrentamiento de la junta de compensación con la edil de Urbanismo", señaló en referencia a la socialista Áurea Soto. También apuntó que se han solicitado informes todavía pendientes "para adoptar una decisión que, en todo caso, será llevada a junta de gobierno".

Por su parte, Vázquez Barquero refirió "cuestiones claves" en el informe del funcionario, entre ellas, el hecho de que la concesión de subsuelo libre "no solo permite la construcción y uso exclusivo de galerías de circulación bajo espacios libres públicos para vehículos estacionados en plazas de aparcamiento vinculadas inseparablemente al uso de las viviendas", sino que también "hace posible la ubicación en los sótanos de plazas de garaje".

Los socialistas, que dicen no entender cómo el expediente no ha sido resuelto ya negativamente con este informe, se adhieren a las consideraciones del interventor y respaldan que el proyecto constructivo con las galerías de paso "implica una modificación del proyecto de urbanización aprobado con carácter definitivo en 2014". Sostiene también que el "interés público no está justificado por parte de los responsables políticos ni técnicos". Por lo tanto, recalca Vázquez Barquero, "no cabría otorgar posterior licencia de obra para un proyecto constructivo que altera y modifica un proyecto de compensación previamente aprobado".