Cuatro miembros de una misma familia y una quinta persona, amigo de uno de ellos, comparten el banquillo de acusados en un caso de estafa procesal e insolvencia punible que ha llegado a la Audiencia de Ourense. La vista concluye hoy con las pruebas periciales y los informes finales de las partes.
La fiscal ha pedido tres años de prisión para cada uno de los acusados señalando al padre y los tres hijos como presuntos autores directos de un delito de alzamiento de bienes y al quinto como cooperador necesario. La acusación particular, que representa a la entidad Antela Estación de Servicio, solicitó penas que oscilan entre los 3 años y medio de prisión y los ocho.
Todos ellos están acusados de intentar eludir el pago de una deuda de 150.257 euros (186.162 con intereses) contraída entre enero y abril de 2006 por la firma Melissatrans SL mediante la creación de "una sucesión de empresas" que dejaban a las anteriores "carentes de ingresos y bienes", relata la fiscal. De esta firma, dedicada al transporte de mercancías por carretera, era administrador único el padre, J.V.L., y apoderado el hijo JM.V.G., que ayer negaron los hechos, al igual que el resto de acusados.
El apoderado alegó que era chófer "y no oficinista" para justificar su desconocimiento sobre la venta a otro de los acusados de dos camiones cuyo embargo había solicitado la acreedora para cobrar su deuda.
Según refleja el escrito de acusación de la fiscal, "con el propósito de no atender las numerosas deudas generadas por la empresa Melissatrans, y alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores presentes o futuros", J.V. y sus tres hijos habrían decidido dejar a la entidad sin funcionamiento, traspasando a otras empresas su actividad, sus clientes, sus activos, y hasta su propia sede sita en el domicilio familiar de As Ferreiras, Riós.
La primera entidad fue constituida por JM.V.G. y su hermano R.V.G. en mayo de 2006, y la segunda por JM. en abril de 2007.
En 2010, su hermana M.V.G. constituyó otras dos entidades, dice la fiscal, "como continuación del fraude a los acreedores" y para continuar con la explotación de las empresas anteriores "impidiendo el cobro a los acreedores". Ella trató de desvincularse y afirmó que tomó la iniciativa porque quería "emprender" y sólo pidió a su hermano JM. contactos de clientes.
La implicación del quinto acusado, J.A.V., se produciría en mayo de 2010. Dice la acusación que "colaboró" a través de su empresa Transverín adquiriendo los dos camiones para luego "simular una venta" a la empresa de JM. anulando así el embargo sobre los mismos. Este acusado mostró su total desconocimiento y al serle mostrada la factura dijo que no era suya.
