El bono social es un mecanismo regulado por el Gobierno cuyo objetivo es proteger a los consumidores vulnerables con posibilidades económicas reducidas para hacer frente al pago de las facturas eléctricas.

Dicho mecanismo consiste en la aplicación de un 25% de descuento sobre el importe total de la factura de los clientes acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), siendo compatible con la discriminación horaria. Es la propia compañía eléctrica la que se encarga de tramitar este descuento a sus clientes.

Tienen derecho al bono social todos los hogares con una potencia contratada igual o superior a 10 kW (aunque varias compañías eléctricas sitúan el máximo en 3 kW), siempre y cuando se trate de la vivienda de residencia habitual (un mismo titular no puede tener activada la tarifa en dos viviendas) y con miembros que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: pensionistas (el solicitante debe tener 60 o más años de edad y, además, percibir la pensión no contributiva, la pensión mínima contributiva, la pensión de incapacidad permanente o la pensión de viudedad), familias numerosas o familias con todos sus miembros en situación oficial de desempleo.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la aplicación del bono social permitiría ahorrar hasta 180 euros al año (un hogar medio con un consumo de 3.500 kWh anualmente y una potencia contratada de 4,6 kW).