El Juzgado de Instrucicón número 1 de Trives ha admitido a trámite la querella presentada por la secretaria del Concello contra el alcalde Francisco José Fernández Blanco por supuesta desobediencia y prevaricación y ha citado a declarar al regidor el próximo 19 de octubre.

La querella, formulada por la secretaria municipal, Milagros Calvo, tiene que ver con la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que con fecha del 16 de marzo del presente año acordaba suspender la resolución sancionadora contra la secretaria, que había sido cesada de su puesto de trabajo por decreto de Alcaldía el 4 de mayo de 2016. La sentencia estimaba el recurso de apelación presentado por el letrado de la secretaria respecto al cese de funciones y, según relata el abogado, su aplicación era de "inmediato cumplimiento".

No obstante, la secretaria no fue admitida en su puesto de trabajo en las semanas ni meses sucesivos. De hecho, la reincorporación no se acordó hasta el pasado 8 de septiembre, justo un día después de que el Juzgado de Instrucción de Trives acordase admitir a trámite la denuncia a trámite y citase al alcalde a declarar en calidad de querellado. Sostiene el juez en dicho auto que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

El letrado que representa a la secretaria señala que ha sido la citación la causa de la "sorpresiva decisión de reincorporación de la secretaria, tras más de cinco meses de desobediencia". El cumplimieto definitivo de la sentencia dictada hacía en marzo por parte del regidor, añade el letrado, "sólo fue hecha con la intención de crear argumentos de defensa frente a la querella".

La denuncia interpuesta que el juez ha admitido a trámite señalaba que los efectos de la resolución de la Audiencia Nacional "se le llegaron a exponer desde las otras Administraciones implicadas, tales como la Diputación Provincial y la Xunta de Galicia". El informe jurídico remitido desde el ente provincia indicaba "que no procedía remitir ningún secretario desde la Diputación pues el puesto de Secretaría no estaba vacante por efectos de la medida cautelar de la sanción impuesta". También denuncia la querella que "sigue manteniendo, de forma ilegal y contraria al pronunciamiento de la Xunta, a una secretaria accidental que, al no existir vacante, no puede ejercer las funciones propias del titular del puesto".