La plaza de abastos de A Ponte, en cuya rehabilitación se invirtió por parte del Ministerio de Fomento 2 millones de euros, lleva camino de cumplir los tres años cerrada y sin actividad alguna, sin que a día de hoy existan indicios racionales de que se pueda aperturar a corto plazo. El problema está directamente relacionado con la gestión de las instalaciones, con 8 puestos de frutas, quesos, vinos, pescado, carnicería, charcutería, pan y delicatessen, además de una zona de restauración y bar, así como una zona de degustación.

Así, después de dos concursos fallidos, debido a que quedaron desiertos al no presentarse oferta alguna, el último intento pasa por rebajar el canon anual en el futuro pliego de condiciones técnicas y económicas. Y eso que de las propuestas económicas de inicio, que se fijó en 52.737 euros anuales, IVA incluido, precio estipulado como el mínimo de participación, se pasó a los 45.000 euros.

La actual concejal de Comercio Flora Moure, que se convertía en la tercera que asume esas competencias, ya que con anterioridad estuvo la actual responsable de Hacienda, Ana Fernández Morenza, a la que sucedía la edil de Cultura, Belén Iglesias, solicitó hace unos meses un informe al asesor jurídico relativo a esa rebaja del canon anual. Una posibilidad que se puede llevar a cabo, según el funcionario municipal, aunque por el momento nada se sabe al respecto.

Eso sí, por parte del gobierno municipal se insiste en que se están barajando varias soluciones, con el objetivo de proceder a la apertura de la plaza de Abastos, y que contribuirá a la dinamización del barrio que cuenta con el mayor números de habitantes de la ciudad.

Una de esas opciones es la de un procedimiento negociado, que consiste en "invitar" a varias empresas y plantearles las nuevas condiciones económicas. Pero sin cerrar la puerta a la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación. Eso si, con una canon anual menor, pero que se ajuste a una serie de criterios que concreta el asesor jurídico en su informe.

En ese sentido, explica que existe un informe que sustenta el canon de la última licitación, realizado por un técnico municipal, en el que se determina el mismo en atendiendo al valor de los alquileres de bajos en la zona.

Por lo que si se parte de ese informe, entiende el asesor jurídico que se puede rebajar el canon, en el caso de ser necesarias obras o inversiones para poder iniciar la explotación, que no se tuvieron en cuenta en el momento el informe, pero "siempre que se justifique su necesidad y el importe aproximado".

Propuesta rechazada

En ese largo recorrido para poder abrir unas instalaciones que permanecen cerradas y sin uso alguno, después de una importante inversión por parte de Fomento, se llegó a plantear, por parte del portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, que el alcalde delegase las competencias propias para llevar a cabo las gestiones necesarias, con el compromiso de que en cuatro meses estaría funcionando.

Una cuestión que se llevó incluso a un pleno extraordinario, pero que fue rechazada por el grupo de gobierno, así como por los otros dos grupos de la oposición, PSOE y Ourense en Común. La proclama de Jácome ante la negativa fue de lo más concluyente: "prefieren ver la plaza cerrada antes de que yo consigue abrirla".

Así las cosas, también se llegó a barajar la posibilidad de que tuviese otro tipo de uso, a la vez que se cuestionaba el diseño de la remodelación que se realizó en su momento, con el argumento de que tal y como estaba la distribución "no resulta atractiva" para personas vinculadas con el sector. Y eso, como reconocían miembros del gobierno, algunos empresarios acudieron a ver las instalaciones, y la negativa fue la respuesta a asumir la gestión.