El Concello seguirá una año más con los presupuestos prorrogados de 2014, los últimos que aprobó el anterior gobierno socialista en el tramo final del anterior mandato. Una cuestión que asume el actual ejecutivo popular ante la imposibilidad de aprobar el proyecto para 2017, de 100,5 millones de euros, que desde un principio cuestionaron los tres grupos de la oposición, y que posteriormente hizo también el interventor municipal, que en un informe de fiscalización concretaba "diferentes carencias", que de no ser corregidas, podrían llevar a determinar su nulidad.
Una situación sobre la que ya alertó en julio el propio gobierno municipal, al reconocer, a través de un comunicado oficial, que venía trabajando "de forma anticipada" con respecto a los presupuestos de 2018. Y así, la propia responsable del área de Hacienda, Ana Fernández Morenza, había encargado el informe para la previsión de ingresos, con el objetivo de tener avanzado el trabajo de cara a esa posible aprobación, con lo que era consciente de las dificultades para sacar adelante el documento que presentaron a la oposición para el presente ejercicio.
El principal freno para poder seguir con el proyecto presupuestario para 2017 está en el informe de intervención, en el que no dejaba lugar a dudas: "se procede a su devolución -del documento- al departamento de gestión económica y presupuestaria, debido a una serie de carencias detectadas tanto en su configuración formal como en su contenido material". Un informe que había solicitado por el grupo Socialista, ante las dudas que existían sobre su viabilidad, y que posteriormente se constataron.
Para demandar una serie de documentación que para el interventor es relevante, como las cuestiones relacionadas con el gasto de personal, los convenios suscritos con la Xunta y, sobre todo, con la sociedad estatal Acuaes, relativa a la construcción de la nueva Estación Depuradora de Reza. Una cuestión que afectan a las aportaciones que deba hacer el Concello, y que a día de hoy son objeto de diferencias y sin un acuerdo, al reclamar Acuaes entorno a 4 millones de euros.
Petición de informes
Eso provocó que por parte de le edil de Hacienda solicitase a las correspondientes áreas municipales, tanto de Recursos Humanos y Personal, como de Infraestructuras, los correspondientes informes para trasladar al interventor, y de esa forma intentar "subsanar esas carencias".
En estos momentos la situación es de espera, y el alcalde en funciones y a su vez portavoz del gobierno, José Araújo, evitar realizar un pronunciamiento al respecto, a la espera de que vuelvan de su periodo vacacional la responsable de Hacienda y el propio alcalde, Jesús Vázquez, para concretar la hoja de ruta que se seguirá y buscar un acuerdo con PSOE o DO, aunque tiene claro que la intención será la de elaborar u n proyecto presupuestario para 2018, e intentar aprobarlo en tiempo y forma, en diciembre del presente año.
Por su parte, los grupos de la oposición lo tiene muy claro, y descartan que se aprueben los presupuestos de 2017, el proyecto que elaboró el gobierno, y dudan mucho que los de 2018. En este sentido, el portavoz socialista, Vázquez Barquero, ya advirtió en varias ocasiones que el alcalde y su gobierno pueden batir un "triste récord", como es el de no aprobar ningún presupuesto en los cuatro años de mandato.
Además, por medio se mete el acuerdo entre el gobierno popular y el grupo de DO, que permitió aprobar la operación de crédito para pagos de facturas y paliar el desfase del área Social, en algo más de 1,6 millones de euros, que contempla la rebaja del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) un 10% en el ejercicio de 2018, y otro tanto en el 2019, en total un 20% en el impuesto por el que más recauda el Concello, que dejaría de ingresas en dos años entorno a 6 millones de euros.
Una cuestión que para socialistas y el grupo de Ourense en Común no es algo menos, ya que afecta directamente al techo de gasto fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la conocida como "ley Montoro". En lo que venía trabajando el gobierno popular era en la rebaja de hasta un 7% en el IBI, lo que supondría que las arcas municipales percibirán entorno a 2 millones de euros menos.
Una propuesta que llevó a que se alcanzase un acuerdo con el grupo de OUeC, después de aceptar varias de sus enmiendas, pero que ahora se debe retomar al asumir el compromiso de rebajar el 10%, que es la contrapartida al apoyo de DO en la modificación de crédito. Los que descartaron apoyar son los socialistas, que reclaman un reforma fiscal de impuestos y tasas, no solo del IBI.
