Un matrimonio y sus dos hijos menores, procedentes de Europa del Este, llegaron a Vilamartín de Valdeorras el pasado martes a la tarde. Con esta familia, son ya 33 los refugiados atendidos por Cruz Roja en la villa ourensana de O Barco de Valdeorras, la única de la provincia que les da cobijo por el momento. Desde la organización, piden tanto a particulares como a las instituciones de Ourense que pongan a su disposición -en régimen de cesión o de arrendamiento- viviendas para poder alojar en la propia ciudad a más personas con estas necesidades.
En O Barco, Carballeda y Vilamartín de Valdeorras conviven 10 familias -21 adultos y 12 niños- solicitantes de protección internacional. Proceden de diferentes lugares del mundo: hay un núcleo sudamericano de 9 personas -5 de los cuales fueron los primeros en llegar, en agosto del 2016-, una familia siria de 3 integrantes, 2 iraquíes o los 4 últimos miembros en arribar a tierras ourensansas, del viejo continente, entre otros. La ocupación de los pisos es fruto de acuerdos entre Cruz Roja, por un lado, y la Xunta de Galicia, las corporaciones municipales o el Obispado de Ourense, por el otro. El equipo que se encuentra en la comarca del noreste está compuesto por 2 trabajadoras sociales, una educadora, una administrativa y un psicólogo a tiempo parcial.
"El perfil predominante es el de la familia con menores a cargo", explica María Martínez, la referente provincial de Cruz Roja en la gestión de refugiados. La selección de las personas no la hace la organización, sino que es responsabilidad del Ministerio de Empleo (Secretaría General de Inmigración y Emigración) a través de la UTS (Unidad de Trabajo Social), organismo que también establece las directrices y la manera de proceder en las situaciones de acogida humanitaria. La asociación solidaria es la encargada de gestionar el programa dictado -el aviso a Cruz Roja se le efectúa 3 o 4 días antes de la llegada del la familia-.
"Nuestra previsión a corto plazo es ampliar el número de plazas y, en breve, tener a personas necesitadas de protección aquí en la ciudad", añade Martínez. Sin embargo, una de las dificultades habituales es la del alquiler de viviendas en la ciudad. La responsable en Ourense cree que el miedo de los arrendatarios es que los inmigrantes puedan causar algún tipo de problema a la hora de cumplir el contrato. Pero, lo cierto es que es la propia entidad la que contrae el alquiler.
¿Por qué Valdeorras?
La zona de Valdeorras es "una zona idónea para desarrollar este proyecto por sus características socioeconómicas y laborales: ya hay 4 personas trabajando y eso es fundamental porque el objetivo último es la integración". Además, se trata de un lugar que permite que las familias puedan tener continuidad. Otra de las razones es la colaboración de los diferentes organismos e instituciones.
Ninguna de las familias está dispuesta a conceder una entrevista ni a facilitar sus datos personales "porque su vida corre riesgo, además de que esta comarca ourensana es muy pequeña y toda la gente se conoce". De hecho, una de las labores de Cruz Roja es la de proteger la identidad de sus beneficiarios.
¿Los inmigrantes piensan retomar su día a día? "Todas las familias nos comentan que han tenido que salir de sus países por una situación de riesgo tanto para los adultos como para sus hijos, y claro que todo el mundo piensa en regresar a su lugar de origen", comenta Martínez. Aunque lo cierto es que esa posibilidad la dictará el tiempo; "pero a corto plazo, no es factible". De hecho el programa tiene una duración de año y medio.
Fases
El plan de ayuda a refugiados consta de 3 fases repartidas en 18 meses, sin contar la etapa previa, en la que se valora si procede o no la solicitud de protección cotejando la situación de partida de las familias. Este período de evaluación no puede superar, más o menos, el mes de duración.
La primera toma de contacto en Ourense se establece a través de la fase de acogida temporal, que dura 6 meses y su objetivo principal es "darle una atención integral a los individuos recién llegados para que se puedan asentar". En este tiempo, se trabajan "aspectos muy básicos y muy necesarios como escolarizar a los niños; el acceso a todos los recursos públicos y sanitarios; cerrar los trámites administrativos, tales como el empadronamiento; o solicitar una cita en la comisaría de Policía". En definitiva, "hacer todas las gestiones necesarias para regularizar su situación", aclara María Martínez. En esta etapa, la enseñanza del idioma castellano es fundamental y los refugiados tienen todos sus gastos primarios pagados.
Los siguientes 6 meses son los de la integración. Aquí es cuando Cruz Roja intenta formar a las personas para introducirlas en el mercado laboral. "Nosotros nos adaptamos a la zona en la que ellos vayan a vivir y partimos también de su cualificación, ya que hay gente que viene con la formación sin homologar". En este sentido, la organización "trata de sensibilizar a las empresas de cara a la contratación de seres vulnerables, sean inmigrantes o de cualquier otra condición".
El último ciclo es el de la autonomía. En este, la intención es que los refugiados busquen una vivienda y empleo por sí mismos. Así, reciben orientación y preparación para enfrentarse a una entrevista laboral por ejemplo. En materia de dinero, se les ofrecen pequeñas ayudas económicas: "Se les apoya para que puedan encontrar un alquiler o si hay alguna necesidad sanitaria específica". A partir de este año y medio, los beneficiarios dejan de pertenecer al programa y desaparece el acompañamiento inicial.
La convivencia
Según María Martínez, el comportamiento de los inmigrantes es muy proactivo en general, y están dispuestos a colaborar, a aprender y a poder ser autónomos, pues "nadie quiere depender de las ayudas". "Las familias también están bastante contentas en cuanto a lo que les devuelven los valdeorreses, por lo que nos han comentado", admite. "La integración de los refugiados ha sido muy positiva. En la comunidad de vecinos, si hay una fiesta o una churrascada, los invitan; otros les llevan patatas o tomates, etc.", sentencia la referente de Cruz Roja.
En el otro extremo, se dio al menos un caso de traslado a otra comunidad autónoma por diferentes motivos.
Cruz Roja española atendió a lo largo del año 2016 a 16.000 solicitantes de asilo y refugiados.
Por su parte, el gobierno de España ha dado acogida a 1.488 personas obligadas a dejar sus países por cuestión de guerras o crisis humanitarias. Su objetivo en 2015 era la de ofrecer hogar a 17.337. Ha cumplido solamente el 8,5% de su promesa.
