Más de veinte alcaldes de diferentes concellos de la provincia y diputados provinciales se personaron en la mañana de ayer en la puerta del Pazo Provincial de la Diputación de Ourense con una pancarta en la que se leía "Por un plan único que non discrimine aos concellos ourensáns" para exigir que la institución presidida por José Manuel Baltar reparta las ayudas de cooperación con los municipios a través de un único plan de inversiones que suponga al menos un tercio del total de la partida presupuestaria. Además, exigen que se concedan estas contribuciones en base a criterios objetivos, más allá de discriminar en función del partido político gobernante.
En la actualidad, la Diputación destina poco más de un 6% del total del presupuesto a la colaboración con los concellos. Esta cifra se antoja pequeña en relación al resto de diputaciones gallegas, que dedican todas ellas un mínimo del 25% a esta apartado (A Coruña, un 43%; Lugo, un 25%; Pontevedra, más de un 30%). Estas dilatadas disparidades entre instituciones provinciales obligan a los alcaldes de los concellos ourensanos a protestar por una clara situación de discriminación. Los regidores solicitan más dinero para mejorar las condiciones de vida en aquellos territorios de menos de 20.000 habitantes, muchos de los cuales comienzan a despoblarse debido a la falta de servicios e infraestructuras preparadas para el día a día.
La institución provincial, para conceder las ayudas a los 92 concellos de la provincia, se sirve de diferentes instrumentos: el Plan Provincial de Cooperación, el Plan de la Red Viaria, el Plan de Empleo, convenios directos con los concellos, el Plan Termal y ayudas en acción social. Seis vías de inyección económica que no hacen sino reducir la independencia de los municipios ourensanos que, como reconoce el alcalde de O Barco y presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), Alfredo García, "quieren ser mayores de edad, tener autonomía y ser responsables de los gastos".
Por ello, los alcaldes que ayer se presentaron en la puerta del Pazo Provincial exigen que las ayudas económicas se canalicen a través de un único plan de inversiones que permita, además de simplificar la burocracia y agilizar los procesos, repartir en base a criterios objetivos el dinero público y no en función de las siglas que acompañen al alcalde del concello en cuestión, "discriminando a ciudadanos que decidieron elegir como regidor a una persona que no es del Partido Popular" , como lamenta Alfredo García.
Francisco Fraga, portavoz del PSdeG en la Diputación, indicó ayer su voluntad de "solicitar de forma inmediata un pleno extraordinario para votar esta propuesta" y "acabar con esta situación de discriminación hacia los concellos y hacia la ciudadanía". Por su parte, Francisco García, alcalde del BNG en Allariz, reconoció que plantearán esta cuestión en los plenos de las corporaciones municipales".
La Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) publicaba el pasado mes de mayo en su publicación periódica relativa a la primavera de 2017 cien medidas urgentes para lograr un municipalismo justo con los ciudadanos. Entre estas propuestas, se encuentra la de repartir los recursos de forma igualitaria por parte del gobierno central, la Xunta de Galicia y las diputaciones.
La falta de actuaciones por parte de la institución presidida por el popular José Manuel Baltar obliga a los alcaldes de Ourense a alzar la voz con el objetivo de poner fin a una situación que consideran discriminatoria en relación al resto de municipios gallegos.
