Pedía unos 30.000 euros en honorarios por las actividades docentes e investigadoras que desempeñó desde el 1 de septiembre de 2014 en las facultades de Filología y Traducción, en Vigo, y de Ciencias de la Educación, en el campus de Ourense. El magistrado del Contencioso 1 de la ciudad de As Burgas, Francisco de Cominges, desestima la petición y dicta una dura sentencia contra la profesora y la propia universidad. Califica de "anómala" y "verdaderamente surrealista" que la docente, catedrática, mantuviera su despacho pese a haberse jubilado el 30 de agosto de 2014, tras una prórroga para acabar el curso una vez cumplidos los 70 años, la edad límite para el retiro forzoso. "La prueba practicada en este pleito pone de manifiesto, al menos indiciariamente, que la actora "se atrincheró" en ese despacho de la universidad, después de su cese y jubilación, cuando ya se hallaba percibiendo la pensión máxima contributiva".
Ve "dejación de funciones" de las autoridades universitarias
La catedrática reclamaba el pago de unos 1.710 euros multiplicados por 18 meses trabajados, entre septiembre de 2014 y julio de 2016, menos 1.140 ya cobrados por un curso. La cifra total que demandaba era de 29.601,27 euros, que se añadirían a lo que percibe por su pensión de jubilación, unos 2.875 euros al mes. El juez considera que "la situación tan anómala (verdaderamente surrealista) generada en este asunto, pública y notoria, que al parecer todavía se mantiene a día de hoy, obliga a la Universidad de Vigo a realizar una investigación interna para depurar las responsabilidades de las autoridades que hubieran podido incurrir en grave dejación de funciones, al no expulsar del despacho a la actora tras la fecha de su cese y jubilación, y en todo el tiempo transcurrido desde entonces; o al darle un tratamiento diferente al de una mera colaboradora externa". Francisco de Cominges llega al punto de advertir de que "podrían incluso, eventualmente, constatarse responsabilidades penales. La Universidad de Vigo "debería" poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía o el juzgado de guardia. Además, la sentencia ordena que se derivan los hechos a la Seguridad Social para que investigue si "las remuneraciones que ha percibido y pretende percibir por sus publicaciones, cursos, etcétera", desde septiembre de 2014, cuando la catedrática ya estaba jubilada, "podrían tener algún tipo de incompatibilidad con la pensión de jubilación máxima contributiva que recibe".
El magistrado hace consideraciones adicionales al objeto de la demanda por "la singularidad del caso planteado". Califica la situación provocada por la docente como "verdaderamente anodina" y considera que debió haber abandonado su antiguo despacho "como muy tarde el 1 de septiembre de 2014", el día siguiente de su cese por jubilación forzosa. "Pese a carecer de vínculo jurídico alguno con la universidad" -continúa el magistrado-, "utilizó los recursos de la administración para su propio provecho, realizando publicaciones a título particular por las que presumiblemente habrá percibido alguna remuneración".
La resolución del Contencioso Administrativo 1 de Ourense lleva fecha de 14 de julio, es firme y no admite apelación. El rector de la Universidad de Vigo había desestimado la petición de honorarios de la docente -unos 30.000 euros-, en enero de este año. La profesora acudió al juzgado en marzo para reclamar las retribuciones por sus tareas docentes e investigadoras, desde el 1 de septiembre de 2014. Consideraba que el pago procedía en aplicación de un silencio administrativo positivo, tras haber presentado un escrito en julio de 2016 que la universidad no contestó.
Condena en costas
La Universidad de Vigo adujo que, en su solicitud de julio de 2016, la demandante no precisó la cantidad concreta, solo la remuneración por los trabajos realizados desde septiembre de 2014. Definiéndola como una colaboradora externa desde septiembre de 2014, en noviembre pasado la universidad cifró sus honorarios en unos 3.000 euros y pagó. La administración defendía el hecho de que, en agosto de 2014, se produjo la jubilación forzosa de la docente (finalizada la prórroga para acabar el curso, tras cumplir 70 años en febrero), siendo desestimada su solicitud de nombramiento como catedrática emérita por sentencia firme del TSXG, dictada en abril de 2016. "Inexplicablemente, desde el 1 de septiembre de 2014 ha seguido ocupando su antiguo despacho en la universidad, pese a carecer de vínculo jurídico", concluye el juez.
La sentencia desestimatoria de la demanda incluye la condena en costas para la profesora jubilada, por un importe de 235 euros.
