Una nueva queja sobre la falta de transparencia en el Concello ha sido remitida a la Valedora do Pobo, en este caso por parte del sindicato SPPME, ante la falta de información. Así, explican en su escrito que llevan presentando innumerables solicitudes de datos sobre asuntos a los que aseguran "tenemos no solo derecho a conocer, sino la obligación de saber dicha información debido a nuestra condición de representantes legales de los empleados públicos municipales". Aseveración que realizan en función de lo que se encuentra recogido en el acuerdo regulador de los funcionarios del Concello de Ourense, así como en el Estatuto Básico del Empleado Público, junto con otras referencias

Desde el sindicato aseguran que es habitual que ante las solicitudes realizadas "apenas se nos conteste a unas pocas, aunque no es algo habitual". Para subrayar que cuando solicitan expedientes de alguna materia "estos vienen sin toda la documentación requerida", mientras que en otros casos, y después de ver los expedientes, "no se nos facilitan las copias que legalmente solicitamos y a las que tenemos derecho".

En este sentido, en la documentación que trasladan a la Valedora do Pobo, se encuentran varias solicitudes de información, pero de las cuales "solo nos dieron vista del expedientes", como es el caso del nombramiento de María Barrera como jefa del Cuerpo de la Policía Local, pero "se nos negaron las copias solicitadas".

También señalan los escritos solicitando información de horas extraordinarias, pluses de nocturnidad, festividad, productividad y gratificaciones recibidas por los policías locales. Junto con otras cuestiones relacionadas con el área de personal del concello.

Expedientes

El otro foco de controversia es la notificación por parte de la jefatura de Personal, de varios expedientes disciplinarios, que fueron catalogados de "falta grave" y que conllevan la suspensión de funciones desde 5 días a 3 meses, por ausencias por indisposición de un solo día de su puesto de trabajo y adjuntando el pertinente justificante médico.

Una decisión que consideran "injusta e ilegal", por lo que estudian emprenden actuaciones contra la jefatura de la Policía Local, proponente de los expedientes, y Recursos Humanos, por ser quién los lleva a cabo.