Desde que el Consejo General del Poder Judicial adjudicó la competencia de las cláusulas suelo al Instancia 4 y Mercantil de Ourense -entre 54 tribunales de toda España-, la sede ha absorbido más de 200 demandas. Ninguna ha terminado de tramitarse y fuentes judiciales aseguran que no llegarán las primeras sentencias antes de octubre. Desde que se recibe un asunto se suceden pasos como incoar y revisar, requerir poderes o documentación que falta, emplazar a las partes, esperar contestación, señalar vista y dictar sentencia. Después se abre la fase de ejecución, donde se determina la cuantía que debe devolver el banco, una cifra que oscila entre 3.000 y 6.000 euros.
El aluvión de reclamaciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de diciembre de 2016, que determinó que la devolución de las cantidades cobradas de más correspondía desde la firma de la hipoteca, ha recaído en un tribunal que ya resolvía como un juzgado y medio, un 152%, y presentaba una carga de trabajo del 148%. Para evitar colapsos en una sede que tramita ERE y concursos de empresas, entre otras competencias exclusivas para toda la provincia, el juez decano, Leonardo Álvarez, ha demandado a la Xunta al menos dos funcionarios. Desde el 3 de julio hay una juez de apoyo en prácticas, Lorena Quintairos, pero la oficina sigue con los mismos efectivos. UGT ve imprescindible que se dote un juzgado bis. El portavoz de la sección de Justicia, Manuel González Carvajal, propone que esa sede podría convertirse luego en el 7º primera instancia (previsto, pero cuya entrada en funcionamiento puede demorarse a enero de 2018).
"Esta medida va a perjudicar a los administrados haciendo que cualquier reclamación de este tipo pueda dura más de 3 años. A esto hay que añadir la centralización en las capitales de provincia de todas las reclamaciones alejando la justicia del justiciable y poniendo cada vez más trabas. El problema no solo está en la entrada de asuntos, sino en la resolución definitiva, del procedimiento, es decir en cobrar que puede durar más de 3 años", explica González Carvajal.
Una sede con ERE y concursos
El Mercantil consiguió rebajar la pendencia y los tiempos de espera hasta el juicio desde un año y medio, en 2011, a un mes y medio en la actualidad. Un retraso en este tribunal implicaría una demora en ERE (29 registrados entre 2012 y 2016) y concursos (entre 2008 y el año pasado se presentaron 333 procesos de acreedores, con 200 en trámite en la actualidad, alguno incluso de 2004). La magistrada ve necesario que la asignación de la juez en prácticas vaya acompañada de más personal de oficina. El decano ha transmitido su petición de al menos 2 -un auxilio judicial y un tramitador- al jefe territorial de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Manuel Pardo.
La delegación territorial remitirá la petición a la Dirección Xeral de Xustiza, la instancia de la Xunta que puede resolver. Hasta que se registraran 400 asuntos, la administración no preveía doblar juzgado. Por lo menos, el juzgado de lo Mercantil se ha librado de los asuntos civiles de nueva entrada, después de la exención acordada -no sin discrepancias- en una junta de jueces del ámbito civil celebrada en mayo.
El Mercantil absorbe todos estos casos de la provincia de Ourense. Se preveía una entrada de 400 o 500 procedimientos este año. Una cifra que se suma a las cerca de 140 registradas solo en el partido judicial de la ciudad, desde enero hasta la entrada en vigor del plan de especialización (esos casos se fueron repartiendo entre los distintos juzgados civiles y ya se dictaron sentencias firmes). El Supremo ha dictaminado recientemente que las costas en segunda instancia corresponden al banco si se reconoce la demanda por cláusula abusiva. A los litigios por cláusulas suelo adjudicados a los tribunales especializados se suman otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
El "cártel de los camiones"
La carga de trabajo del Mercantil no se queda ahí. UGT recuerda que también deberá tramitar y resolver las demandas del llamado "cártel de los camiones". El delegado sindical dice que "en este momento tenemos conocimiento de que hay 300 demandas pendientes, donde ya se ha iniciado la reclamación previa ante las empresas".
