Las diputadas de En Marea Ánxeles Cuña y Luca Chao visitaron ayer el Centro de Interpretación castrexa en San Cibrán de Lás, en San Amaro, para apoyar las reivindicaciones de los vecinos que reclaman la titularidad de unas 14 hectáreas de superficie del monte A Cidade, donde está la citania. Precisamente, la Comunidad de Montes de Cristimil y A Torre presentaron una denuncia y esta semana es la celebración del juicio.

Cuña, que mañana defenderá en la Comisión de Cultura del Parlamento gallego la declaración de Bien de Interés Cultural para el Castro de San Cibrao de Las, recuerda que la propiedad comunal del monte A Cidade "ya se recoge desde tiempos inmemoriales y documentados desde el catastro de la Ensenada, hay un reconocimiento histórico de esta propiedad, pues figura en el Catálogo de Patrimonio".

Asimismo, hace dos meses En Marea solicitó una auditoría a la empresa que gestiona el conjunto arqueológico, ya que "es una empresa del hijo de un alcalde del PP, que no pasó ni por la mesa de contratación", denuncia Cuña. Añade que "se le dio un contrato meses después de dañar un petroglifo con maquinaria en Campo Lameiro", en referencia a la empresa Espiral

En Marea defiende una gestión mixta que contemple la colaboración con expertos en museística y la Universidad, y que las "actividades que se hagan no vayan en menoscabo de los derechos de las propiedades de montes de los terrenos en que se ubica".

Por su parte, el presidente de la comunidad de montes de Cristimil y A Torre, Modesto Rodríguez, denuncia que desde el comienzo el Concello de San Amaro y la Xunta obviaron los intereses de los vecinos en lo que calificaron de un "robo" a propósito. Dice hicieron "un edificio en nuestros terrenos sin delimitación de núcleo ni servicios", por lo que "estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque nosotros queremos que eso siga estando, pero queremos que la Xunta clasifique los terrenos como monte comunal", a nombre de los vecinos, y que haga una compensación por el "atropello que hicieron". Dice que cuando se creó ese centro se crearon puestos de trabajo y a los vecinos no les llamaron habiendo gente en el paro y necesitada.

Destaca que la Xunta "puso 5 hectáreas a nombre del Concello" pero "a las otras en el comunal que le hacemos, porque ellos anularon la clasificación". Lamenta que gracias a En Marea su reivindicación llega al parlamento cuando él fue durante 20 años concejal del PP y "se me cerraron las puertas".