El juzgado de Primera Instancia 4 y Mercantil de Ourense es desde el 1 de junio la sede especializada en la provincia para resolver las demandas de cláusula suelo, en aplicación de un plan a nivel estatal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que designó como competentes a 54 tribunales de toda España para hacer frente al aluvión de reclamaciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de diciembre de 2016, que determinó que la devolución de las cantidades cobradas de más correspondía desde la firma de la hipoteca. A los litigios por cláusulas suelo se suman otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
El Mercantil absorbe todos estos casos de la provincia de Ourense. Se preveía una entrada de 400 o 500 casos este año. En su primer mes de actividad, con datos de registro hasta las 10.30 horas de ayer, había recibido un total de 104 demandas. Una cifra que se suma a las cerca de 140 registradas solo en el partido judicial de la ciudad, desde enero hasta la entrada en vigor del plan de especialización (esos casos se fueron repartiendo entre los juzgados civiles).
La cantidad habitual oscila entre los 3.000 y 6.000 euros. Para mitigar el impacto de la asignación exclusiva de estos casos a un juzgado que ya arrastraba bastante trabajo -tramita concursos de acreedores y ERE, reclamaciones de entidades de gestión de derechos intelectuales, así como las de usuarios contra compañías aéreas, impugnaciones de acuerdos sociales de cualquier empresa o asuntos de competencia desleal-, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acepta la propuesta del decano de asignar una juez en prácticas. Lorena Quintairos Loureiro se incorporará a la plaza de apoyo el lunes. Ayer juró en la sede del TSXG en A Coruña, en la Plaza de Galicia.
También cumplió el trámite Lucía Isabel Yebra-Pimentel López, de la misma promoción, la 67 de la Escuela Judicial. Irá destinada como juez sustituta al de Primera Instancia número 6 de la ciudad de As Burgas, el que asume las competencias de Familia. Ambas son ourensanas y han desempeñado sus prácticas en diversas jurisdicciones de la capital, tras aprobar la exigente oposición de la judicatura.
Con esta medida se refuerzan los dos juzgados civiles con mayor riesgo de sobrecarga. Dos sedes que demandan desde hace años la condición de exclusivos, una condición que lograrían de facto con la puesta en marcha del comprometido séptimo juzgado de Primera Instancia en Ourense. Esta sede, como las nuevas unidades judiciales propuestas hace meses por la Comisión Mixta entre la Xunta de Galicia y el TSXG, aún no se ha concretado, porque el Gobierno no ha dictado el real decreto que amplía la planta judicial.
La titular del Mercantil desde 2011, Eva Martínez Gallego, ve necesario más personal de oficina -al menos 2 o 3 funcionarios- para evitar un colapso. La magistrada deja claro que su prioridad es no perjudicar a empresas y trabajadores por que su juzgado tenga que resolver las cláusulas suelo, cuyo trámite requiere unos 3 o 4 meses desde la incoación a la sentencia.
El Mercantil resuelve como un juzgado y medio, un 152%, y tiene una carga de trabajo en la actualidad del 148%. Consiguió rebajar la pendencia y los tiempos de espera hasta el juicio desde un año y medio, en 2011, a un mes y medio en la actualidad. Un retraso en este tribunal implicaría una demora en ERE (29 registrados entre 2012 y 2016) y concursos (entre 2008 y el año pasado se presentaron 333 procesos de acreedores, con 200 en trámite en la actualidad, alguno incluso de 2004). La magistrada ve necesario que la asignación de la juez en prácticas vaya acompañada de más personal de oficina. Sindicatos como UGT han pedido la dotación de un juzgado bis. A la Xunta se le han requerido funcionarios de apoyo. La delegación territorial cursó la petición a la Dirección Xeral de Xustiza, pero por el momento no hay respuesta.
Por lo menos, el juzgado de lo Mercantil se ha librado de los asuntos civiles de nueva entrada, después de la exención acordada -no sin discrepancias- en una junta de jueces de civil celebrada a finales de mayo.
