La Xunta de Galicia es la administración que debe velar por la integridad y los derechos de los menores, en coordinación con la Fiscalía. Tendrá que resolver si en el futuro Y. puede retomar la patria potestad de su hijo, que permanece en situación de tutela por parte de la administración y residiendo con una familia de acogida, dentro de uno de los programas de protección de menores. La mujer fue juzgada ayer en el Penal 1 de Ourense por agredir al pequeño, llegando a golpearlo contra la acera, en plena calle, después de que el niño se alejara de ella y cruzara solo.
Ocurrió sobre las 13.30 horas del 16 de julio de 2016, en el cruce de la calle Doctor Fleming con la de Portocarreiro, en la ciudad de Ourense. La mujer recriminó a su hijo que se escapara y hubiera cruzado por su cuenta. "De forma desproporcionada", según el relato de la Fiscalía, la progenitora le dio varios bofetones fuertes al pequeño.
El menor se cayó varias veces al suelo, de donde la mujer lo levantaba a continuación arrastrándolo por un brazo. También lo golpeó contra la acera y lo zarandeó, al tiempo que le gritaba. A consecuencia de la agresión, en medio de la calle y a plena luz del día, la víctima sufrió una lesión en el pabellón auditivo izquierdo, erosiones y algún hematoma. Las lesiones infligidas por su madre no le han dejado secuelas. Tardó en recuperarse 5 días, tal y como informó el médico forense. El pequeño se encuentra tutelado por la Xunta de Galicia desde el mismo día en que ocurrieron los hechos.
Se enfrenta a pena de prisión
La Fiscalía calificó los hechos como un delito de lesiones. En su primer escrito solicitó la imposición a la madre de una condena de 9 meses de prisión, una orden de alejamiento de 2 años y 1 día así como el mismo periodo de prohibición de tener o llevar armas, más el pago de las costas.
La mujer acudió ayer al juicio y mostró su consentimiento a un acuerdo de conformidad con la acusación pública, lo que hizo innecesaria la celebración del juicio. El pacto rebajó la condena a 33 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a 15 días el periodo de privación de la patria potestad y de la orden de alejamiento.
El ministerio público también solicita a la juez que se acuerde la continuación del procedimiento administrativo sobre la situación del menor. La acusada contaba con denuncias anteriores a la Policía por una posible situación de desamparo de su hijo, según manifestaron fuentes del caso.
