El nuevo modelo judicial a ensayo en Ourense dará los primeros pasos a finales de este año

La empresa elegida para implantar la nueva oficina presenta a los operadores judiciales 3 alternativas -Los sindicatos podrán alegar - "No se va a imponer", asegura la Xunta

27.06.2017 | 12:24
Representantes judiciales y sindicales, con el director xeral de Xustiza, ayer. // Iñaki Osorio

El giro a la organización actual de los juzgados avanza, por ahora en el terreno de la teoría. Ourense será el laboratorio de pruebas de la nueva oficina judicial, que agrupará tareas en macrounidades dedicadas a las tres funciones principales de la administración de justicia: registro de asuntos, tramitación y ejecución. El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, confirmó ayer que la intención de la Xunta es que esta experiencia pionera en Galicia "dé sus primeros pasos" en la ciudad de As Burgas entre finales de este año e inicios de 2018.

Del estudio previo y de la implantación se encarga una consultora, Everis. Tras menos de 2 meses de análisis de datos -volumen de actividad, distribución de cargas de trabajo, recursos humanos, dotación de infraestructuras, sistemas y equipamiento-, la empresa presentó ayer el resultado de ese examen preliminar, con tres posibles alternativas para poner en marcha en Ourense la nueva oficina judicial.

A la reunión celebrada en la sala de juntas del nuevo edificio de O Couto asistieron, además del director xeral y el jefe territorial de Xustiza, Manuel Pardo, los representantes de la administración de justicia: el presidente de la Audiencia, Antonio Piña, el fiscal jefe, Florentino Delgado, el juez decano, Leonardo Álvarez, y la secretaria coordinadora, Josefina Diz. También estaban presentes la jefa y la secretaria de la junta de personal.

Los profesionales tendrán un plazo aproximado de un mes para estudiar la documentación de las distintas alternativas, y exponer su visión. Según el director xeral, también se les remitirán las propuestas a los sindicatos para que formulen alegaciones. UGT registró ayer un escrito exigiendo que se convoque una mesa sectorial para negociar la implantación de la oficina. Juan José Martín asegura que "no se va a imponer" el modelo, sino que la intención es "consensuarlo" con los distintos sectores de la justicia. Tras este intervalo de estudio se celebrará una nueva reunión "no que se fixará o modelo definitivo para a nova Oficina Xudicial", dejó claro la consellería de Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza, tras el encuentro de ayer.

El cambio de diseño judicial moverá funcionarios, superando el modelo actual de tribunales casi aislados. Los funcionarios se enfrentarán a un proceso de "redistribución de efectivos", según la Xunta, en dos fases. Los que atesoren mayor experiencia se disputarán las jefaturas de sección y equipo. Los puestos generalistas se distribuirán cuando el número de plantilla exceda el previsto para el servicio común, según el director xeral.

La implantación del nuevo modelo de organización de la justicia está previsto con una ley estatal. En otras comunidades, como Euskadi, ya está en marcha. Según la Xunta, el cambio supondrá una mejora en el servicio: "Organízase de xeito máis preciso e racional a actividade xurisdicional, procesual e administrativa e impúlsase un modelo de administración de xustiza baseado na eficacia, eficiencia, racionalización do traballo e no uso das novas tecnoloxías".

Integrar o no a la Audiencia y a los juzgados de instrucción

La nueva oficina estructurará la actividad en dos tipos de unidades. Por un lado, las procesales de apoyo a los jueces, dotadas con el personal necesario para el auxilio de la labor del magistrado. Por otra parte, habrá servicios comunes que estarán al cargo de un letrado de la administración de justicia -la nueva denominación de los secretarios-. Estos departamentos se encargarán de la tramitación uniforme de las tareas repetitivas, como pueden ser la ordenación, la ejecución de las resoluciones judiciales, la atención al ciudadano o los actos de comunicación.

Entre los aspectos por decidir se está si integrar o no a la Audiencia Provincial en los servicios comunes de ejecución del resto de juzgados, o si dejar fuera de la nueva configuración a las sedes de instrucción -3 en la ciudad que se turnan en las guardias- y a Menores.

Frente a las dudas expresadas por el decano sobre una posible "injerencia política" por el hecho de que los letrados sean nombrados por el ministerio, el director xeral aseguró a la prensa, ayer, no habrá contaminación política. La libre designación "es un sistema reglado en todas las administraciones", esgrime Juan José Martín. Los interesados presentarán sus currículos y Justicia decidirá. "No van a recibir ninguna instrucción política sobre si hacer una citación o no", cree el alto cargo de la Xunta.

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