Una vecina del pueblo de Cortegada, María José Álvarez, no puede creer que por ampliar solo 2.10 metros para sacar la caldera del interior de su casa, como marca la ley, fue denunciada hace tres años desde el Concello ante la APLU, (Axencia de Protección de la Legalidad Urbanística), y ello le suponga ahora una multa de 300 euros, 5 meses de cárcel que no deberá cumplir, y dos años de antecedentes penales "como si fuera una delincuente".

El juicio en el Juzgado Nº 2 de lo Penal de Ourense tuvo lugar en el mes de mayo, y fue condenada cuando en cambio en Cortegada apunta hay obras ilegales más graves que la suya y no se denuncian.

Dice que el origen de todo es porque exigió en su día al alcalde que se le repusiera una farola delante de su casa, que por estar viviendo en Gerona le había retirado para ponerle a otro vecino que acumuló dos farolas. Deduce que por exigirle esa farola "me cogió manía, y que la denuncia "la puso él y no asume sus actos".

Hace tres años regresó a Galicia definitivamente y emprendió esa obra y el alcalde "no nos la mandó parar, ni nos mandó carta, y nos enteramos que teníamos una denuncia cuando llegaron los dos inspectores de la Xunta, que sorprendidos "nos dijeron que en 20 años de profesión nunca tuvieron una denuncia por 2.10 metros", y también acudió la policía autonómica que coincidió en que "nunca vio una denuncia por tan poco".

Dice que le pedían 2 años de cárcel y 3.200 euros de multa y al final gracias a su abogada quedó en 300 y 5 meses de cárcel, y dos años de antecedentes. Y lo que también le enfada mucho es que cuando hizo esa obra, en Casal de Refoxos, casi todos los demás vecinos hicieron obras ilegales, "hay tres casas, merenderos, barbacoas, todo en terreno rústico, galerías de PVC,....", y no les denunciaron y siguieron con las obras.

Asegura que el alcalde esperó a que colocara el último ladrillo para denunciar, y que "es mentira que me avisaran que no podía hacer eso, jamas se me avisaron". Y a raíz de este problema "soy la apestada del pueblo", porque los vecinos temen que de hablar ella les pase lo mismo.

Sobre este asunto el regidor, Avelino de Francisco, asegura que fue el arquitecto municipal quien haciendo una inspección rutinaria puso la denuncia ante la APLU, y que él no tiene constancia de que haya más obras ilegales en el municipio y si ella cree que las hay "que denuncie". Apunta que aunque antes habían casas ilegales a partir de que fue aprobado el PXOM no hay ninguna y que la APLU también ordenó por ese entonces el derribo de un casa en el pueblo de Valongo, no siendo ella la única afectada.