Todavía no hay fecha para que S. A. G. y otras 9 personas se sienten en el banquillo, como presuntos autores de la mayor trama de estafas a compañías de seguros destapada nunca en Ourense, un fraude reclamado por la Fiscalía de unos 350.000 euros -inicialmente, la Guardia Civil lo cifró en mucho más-, mediante partes fraudulentos de accidentes de tráfico para cobrar cuantiosas indemnizaciones. En la llamada Operación Aleta, el encargado de un taller de compraventa de A Valenzá (Barbadás) se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel. Según la Fiscalía, él solo habría sido responsable supuestamente, de 36 hechos delictivos. Su defensa se encuentra en plazo para presentar su escrito de alegaciones. Mientras, ayer, S. A. G. y su mujer, M. D. S. C. -también imputada en la causa principal-, fueron a juicio por un delito de alzamiento de bienes, para eludir presuntamente las posibles responsabilidades civiles del otro procedimiento.

El ministerio público solicita una condena de 2 años de prisión y multa de 2.520 euros, para cada uno. Están acusados de asignarse bienes mediante unas capitulaciones matrimoniales, en abril de 2011 -dos meses después de declarar como investigados en el marco de la Operación Aleta-. Cree la Fiscalía que así pretendían eludir la fianza solicitada por la juez, más de 360.000 euros en el caso de S. A. G.

En el intercambio de propiedad de bienes realizado ante notario, el presunto cabecilla de la estafa se quedó como titular de una vivienda con hipoteca cuyo valor neto era de 43.000 euros, insuficiente para hacer frente a la fianza cuando la juez de Trives la estableció, en un auto de marzo de 2015. Se decretó el embargo de bienes pero el valor de la vivienda adjudicada en las capitulaciones, más el de cuatro vehículos a su nombre, no alcanzó el importe requerido.

Según la versión de la Fiscalía, la esposa -que se enfrenta 1 año y 9 meses por supuesta estafa en concurso con falsificación, en la causa principal- se atribuyó distintas propiedades, como diez plazas de garaje, cuatro viviendas y varias parcelas, por un valor conjunto de casi 1,4 millones de euros. Los acusados niegan el delito de alzamiento y sus defensas piden la absolución.