Denuncian el depósito ilegal de más de 20.000 toneladas de residuos en la A-52

El sector del reciclaje reclama a la Xunta y a Fomento "vigilancia y control" en las obras de asfaltado ante el "acopio incontrolado sobre suelo natural" de los restos de fresado

11.06.2017 | 03:49
Uno de los puntos de acopio de residuos, en la salida 143 de la A-52, en Riós. // Cedida

La Asociación de Recicladores de Construcción y Demolición de Galicia (Arcodega) y la Federación Española de Asociaciones de Empresas Gestoras de Residuos de Construcción y Demolición (Valoriza RCD) denuncian en un comunicado supuestas irregularidades en las obras de reasfaltado de la autovía das Rías Baixas, la A-52, en la provincia de Ourense. El sector alerta de la generación y "depósito incontrolado" de dos importantes acopios de más de 20.000 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), que, según denuncian, "carecen de las más elementales medidas de seguridad, control y gestión, al estar depositados ilegalmente en suelo natural en los puntos kilométricos 119 y 143 de esta vía de titularidad estatal", en los municipios de A Mezquita y Riós, respectivamente.

Las asociaciones calculan que habrá una cantidad de 5.000 toneladas en la primera salida y de más de 20.000 en la segunda. Los depósitos están formados por residuos de fresado de asfalto, mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

Según denuncia el sector, "el residuo no se está empleando en la propia traza, por lo que en ningún caso se puede hablar de reutilización, sino de gestión de residuos (almacenaje y tratamiento) por empresa no autorizada, comercialización de los mismos áridos (tratándose de residuos y sin autorización para su comercialización) y colocación en obras sin garantía de ausencia de contaminantes". Las obras han sido adjudicadas una constructora que, a su vez, subcontrató los trabajos de transporte de residuos a otra mercantil.

Las dos asociaciones aseguran que "los incumplimientos en el procedimiento de RCD en esta obra son claros", con respecto a las obligaciones que la Ley 22/2011, exige al productor u otro poseedor inicial del residuo y la adjudicataria. El artículo 17 de esa ley "recoge explícitamente la entrega de los RCD generados a una planta autorizada para su correcto almacenamiento y valorización, prohibiendo expresamente su depósito y abandono sobre suelo natural, tal y como se está produciendo en este caso", argumenta el sector.

Según los denunciantes, tanto el productor como el poseedor del residuo están obligados a asegurar un tratamiento adecuado de los residuos generados, bien realizando el tratamiento por si mismos, debidamente autorizado y en cumplimiento de condiciones técnicas y ambientales requeridas, o encargando el tratamiento de los restos producidos a firmas autorizadas.

Arcodega y Valoriza han remitido la denuncia conjunta interpuesta contra la empresa adjudicataria tanto a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia como al Ministerio de Fomento, "con el afán de trasladarles la enorme preocupación en relación a la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en esta obra a ambas administraciones, y exhortarlas a que tomen medidas al respecto".

El sector aprecia una posible infracción administrativa derivada del incumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos y vertidos por depósito y abandono ilegal de residuos valorizables en suelo. Por eso urgen a las dos consellerías a que adopten "las medidas cautelares necesarias, suspendiendo las actuaciones de depósito y abandono incontrolado de RCD en suelo natural en los márgenes de la carretera A- 52, en los puntos kilométricos 119 y 143, y su necesario traslado a una planta de tratamiento debidamente autorizada para su gestión".

Las asociaciones también reclaman que la Consellería examine toda la documentación contractual ambiental y controle la correcta ejecución de la obra de asfaltado de la carretera A-52. Además, consideran "imprescindible" que la Xunta, la administración competente en vigilar, tramite expedientes sancionadores, e incluso valore derivar el caso a la justicia si ve indicios de la presunta comisión de un delito ecológico.

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