La Comisión Intermunicipal para el bombeo Razamonde/ San Trocado, tras reunirse con representantes de la Diputación para contrastar los términos económicos de los convenios para el bombeo 2016 y 2017, concluye que de habérsele permitido, en su día, participar en la elaboración de ambos, los costes habrían sido considerablemente mas bajos y los concellos no tendrían que haber pagado en cinco meses 38.996 euros por los servicios a la Diputación. Por ello y más, presentó al Consello de Contas un informe/dossier solicitando su intervención, por considerar necesario la fiscalización económica de la gestión por parte de los intervinientes en la elaboración y ejecución de los convenios.

Juan Lage, portavoz, apunta que la Diputación admitió haber elaborado el estudio económico en base a costes estándar y modulares en los que no se contempla la realidad económica, técnica y social de los tres servicios de abastecimiento. Es decir, gestiona el bombeo para abastecer a tres abonados, Punxín, Cenlle y San Amaro, y no a los más de 3.125 vecinos. Considera la Diputación "que ha elaborado y aplicado el estudio económico que aceptaron y aprobaron los tres alcaldes". Así, a través del bombeo "les facilita agua, y los tres han demostrado realizar una ineficaz e ineficiente gestión de los recursos públicos en este servicio afectando de forma directa a las prestaciones que los vecinos puedan recibir del concello".

Dice Lage se traslada a los alcaldes, implícitamente, la responsabilidad de no haber elaborado de forma individual o colectiva el estudio preliminar de los servicios de agua municipal que van abastecerse del bombeo, en el que se contemplen los aspectos técnicos, económicos y sociales que se debieran tener en cuenta cuando se elaboraron los costes de los convenios. Unos alcaldes que "no saben o no quieren saber la realidad de sus servicios de aguas, y han dado sobradas muestras de desconocer el contenido de los términos económicos que figuran en los convenios, razones por las cuales no han querido explicar públicamente a los vecinos las condiciones".

La Comisión no entiende que la Diputación promueva la idea de que "la provincia sea un concello único, aglutinando en una gran plataforma las prestaciones de servicios a los vecinos". Apunta que en el Plan Provincial anual de cooperación de obras y servicios deberá existir un análisis de los costes efectivos de los servicios municipales y articular formulas de prestación unificada, y después "la realidad es otra bien distinta".