Una polémica compraventa con dinero público

La situación del antiguo edificio María Goretti se encuentra a la espera de una resolución judicial

Un problema de herencia causó que el Concello, que abonó 420.000 euros por el inmueble, siga sin ser el dueño a día de hoy -El portavoz de DO plantea un acuerdo con el heredero que en su momento se quedó fuera del acuerdo de venta

08.06.2017 | 04:55
La situación actual en la que se encuentra el edificio del antiguo colegio María Gorretti. // Jesús Regal

La compra del antiguo edificio que albergó el colegio María Goretti, ubicado en el casco histórico y que se encuentra en ruina solo con su estructura, fue objeto de controversia desde el mismo momento en que el anterior gobierno socialista procedió a su compra en 2010. La realidad a día de hoy es que el Concello pagó por el edificio 420.000 euros, pero sigue sin ser de titularidad municipal debido a un problema de los herederos, y no se produjo la devolución del dinero que se había abonado en el contrato de compraventa.

Una situación que se viene dilatando en el tiempo, como ayer explicó el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, al recordar que su grupo "destapó para el público la estafa de la fallida compra de la casa Goretti en abril de 2015", llegando a presentar denuncia en el juzgado. Una querella que fue archivada en 2016, pero los hechos a fecha de hoy indican que "el dinero del Concello voló, 420.000 euros, y el Concello no tiene la propiedad", resalta.

Así, en una comparecencia pública, Pérez Jácome critica "la indolencia del actual grupo de gobierno municipal", al esgrimir que incluso el principal partido de la oposición, D.O., "sabe que se puede solucionar esa situación, negociando con una de las partes, que no estaba incluida inicialmente en los vendedora, pero que es el legítimo heredero".

En este sentido explicó que ese acuerdo se puede producir con esa persona que quedó fuera, y que llevó el asunto a los tribunales, consiguiendo una sentencia favorable, que pasaría por "abonar entorno a 40.000 euros más, y quedarse con la propiedad, y no arriesgarse a perder los 420.000 euros ya entregados a los otros herederos, alguno de los cuales fallecía recientemente, con el riesgo de que pueda declararse otros insolventes".

Sostiene Jácome que si D.O. "estuviese en el gobierno, lo solucionaría en siete días, pero con este alcalde y el juzgado (explosiva combinación) la cosa puede tardar décadas, y mientras sin los 420.000 euros, que para recuperarse tendría que cumplirse la solvencia económica de la otra parte", en este caso los vendedores que en su momento firmaron con el anterior gobierno municipal.

Sobre está cuestión, el alcalde, Jesús Vázquez reconocía que el concello pagó en su momento por ese inmueble, pero que en estos momentos no tiene la titularidad del mismo, aunque explica que "todo el proceso está judicializado y poco se puede hacer". Y de inmediato señalar que "tenemos la obligación de esperar esa resolución judicial".

También hizo alusión Jesús Vázquez a que el juicio que se tenía previsto celebrar hace una semana tuvo que ser suspendido por el fallecimiento de uno de los herederos que había participado en la venta del inmueble. De ahí que ahora el concello "debe esperar la correspondiente notificación del juzgado para conocer cuando se volverá a celebrar".

Pero el alcalde evitó en todo momento hacer pronunciamiento alguno sobre el planteamiento realizado minutos antes por el portavoz de DO, en el sentido de negociar con el heredero que se había quedado fuera de la venta al concello del edificio.

Los hechos se remontan a enero de 2010, cuando el exregidor socialista, Francisco Rodríguez, negoció la compra del 95,17% del inmueble con parte de los herederos del arquitecto Daniel Vázquez Gulías para realizar un centro de formación, en una operación de compra de 420.000 euros. Pero, posteriormente, uno de los herederos, José Ignacio Parada, como copropietario, solicitó que se procediese a la extinción del acuerdo. Eso llevó a que el Concello optó por la vía judicial para reclamarle su parte, pero perdió la demanda. El juzgado determinó que los vendedores a los que habían pagado carecían del derecho de propiedad y por tanto de facultades para vender el edificio.

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