"Aquí el mayor problema, lo que da más trabajo, son las ejecutorias; es después de dictadas las sentencias cuando llega la labor más ardua". Junto a la resolución de recursos de apelación, la Sección Quinta celebra sus propios juicios y, por tanto, debe encargarse de ejecutar las penas que se recogen en las resoluciones que se dictan. Es decir, garantizar que los condenados cumplan los castigos de prisión, multa, pago de indemnizaciones... que los magistrados imponen en esos fallos.

En la sala penal de la Audiencia solo hay dos funcionarios que se encargan de realizar esta labor. Según la última estadística de este órgano, la correspondiente al primer trimestre de este 2017, a 31 de marzo había 269 ejecutorias en trámite, unos expedientes que engloban a un total de 488 condenados -en esta sección se da la circunstancia de que en muchos casos, como por ejemplo los de las bandas de narcotráfico, cada sentencia suma un número elevado de penados-.

¿Y qué supone que una ejecutoria esté en trámite? Las fuentes consultadas explican que son aquellos asuntos en los que los sentenciados están en la fase de cumplimiento de las penas. "Son expedientes en los que se está trabajando", agregan. Así, ponen el ejemplo de que muchos presos les remiten escritos planteando cuestiones sobre su situación. O, en los casos de las multas, en la mayoría de las ocasiones los penados las pagan a plazos. "Tenemos ejecutorias de 2000, 2001 o 2002 en las que los condenados aún están abonando las cuantías", describen en la sala.

Otro ejemplo del trabajo que dan las ejecutorias son los supuestos en los que a un condenado por tráfico de drogas se le suspende la entrada en prisión condicionado a que siga un tratamiento de desintoxicación. "Hay que controlar que se somete a la terapia y si se detecta un incumplimiento, revisar el caso por si procede revocar la suspensión", concluyen.