04 de junio de 2017
04.06.2017

La Fiscalía recurre el archivo de la "Patos" y quiere juicio para 4 de los 7 investigados

Discute que el funcionario jefe de Medio Ambiente viajara a un congreso con los gastos pagados por una empresa que resultó adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes

04.06.2017 | 03:28
Operarios de Cespa, trabajando en una zona verde. // Iñaki Osorio

"Consideramos que la causa debe seguir para velar por la integridad de la función pública". Así explica a FARO el fiscal del caso, Carlos Valenzuela, por qué ha recurrido el ministerio público el archivo provisional de la derivada ourensana de la operación Patos, una pieza separada sobre la adjudicación por parte del Concello de Ourense del mantenimiento de zonas verdes, en 2013. El fiscal aprecia razones jurídicas suficientes para llevar a juicio a 4 de los 7 que han estado investigados en las diligencias: a dos representantes de Cespa Jardinería S. L., a la propia empresa como persona jurídica, y al jefe de servicio de Medio Ambiente en el Concello de Ourense, C. J. C. Á. La acusación pública plantea sus argumentos, primero, al juez que cerró el caso, Leonardo Álvarez, y los reproducirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense, si el magistrado de Instrucción Número 1 no cambia su postura.

Como ya informó este diario, el juez concluyó que "de todo lo instruido hasta la fecha, ninguna prueba se ha obtenido que nos llevase a pensar que de forma intencionada e ilegal se le atribuyó a la empresa investigada la concesión". El viaje de un funcionario del Concello a un congreso, a cargo de la empresa finalmente adjudicataria, no constituye delito porque "no se puede considerar como un regalo que exceda de la mera cortesía, especialmente si tenemos en cuenta el escaso coste del viaje, que no excedió de 1.000 euros", dijo. El ministerio público no discute tanto la cuantía de esa supuesta dádiva como que el funcionario jefe de servicio de Medio Ambiente accediera a viajar al congreso, con los gastos pagados por la empresa Cespa, cuando el proceso de adjudicación aún no estaba cerrado y la firma que lo invitaba era una de las aspirantes al contrato del Concello de Ourense.

No obstante, el magistrado consideró que "no puede concluirse que la invitación al congreso celebrado en Málaga pretendiese de algún modo influir en la resolución del concurso, especialmente si tenemos en cuenta que la persona que finalmente asistió no formaba parte de la mesa de contratación, más allá de lo censurable que desde un punto de vista moral pueda considerarse dicha conducta". Leonardo Álvarez tuvo en cuenta que "el objeto del viaje era meramente formativo y no de ocio, tratamiento distinto mercería este regalo si se tratase, por ejemplo, de un viaje a algún paraíso turístico". Vistas las posturas discrepantes de juez y fiscal todo hace indicar que el caso será resuelto por la Audiencia Provincial.

La pieza en Ourense de la Patos (diligencias 3739 /2015 de Instrucción 1) mantuvo bajo el foco a un total de 7 investigados: 4 representantes de Cespa, la propia empresa como persona jurídica y 2 funcionarios del Concello de Ourense. En el caso de que se reabra el proceso, el fiscal no llevará a juicio al otro trabajador de Medio Ambiente que declaró como imputado, G. G. V., que era el responsable del contrato.

Las diligencias se abrieron en noviembre de 2015 en Instrucción 1, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo -en el juzgado de Instrucción 7- para investigar presuntos delitos contra la administración pública. Las escuchas de la UDEF de la Policía nutrían el grueso de las pesquisas. La investigación trató de determinar si existieron delitos y contactos ilegales, como posible tráfico de influencias o prevaricación, entre empresarios, funcionarios y políticos (aunque a este nivel no llegaron las imputaciones provisionales). Todos los investigados negaron irregularidades. Las reuniones no pasaron de "las meras conversaciones de cortesía o de mera información", compartió el juez.

A finales de 2013, el Concello resolvía a favor de la mercantil investigada. Cespa Jardinería S. L., filial del gigante Ferrovial. El contrato, que la empresa investigada todavía sigue prestando en precario hasta que se resuelva la nueva adjudicación -Valoriza es la favorita-, fue de 1,1 millones de euros al año. Cespa obtuvo 94,44 puntos frente a los 89 de la segunda clasificada, PAU, una filial del grupo Vendex (inmerso, por su parte, en la operación Pokemon). La adjudicataria recibió 5 puntos sobre 5 posibles en el apartado de mejoras, mientras que ninguno de los competidores llegó al 1.

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