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Manuel Almenar: "La politización de la justicia es un cliché pero no es real"

"Parece que el ciudadano deba asumir que la justicia es lenta, y no; falta voluntad política de que invertir en ella es hacerlo en el futuro del país"

Manuel Almenar, ayer, en el campus de Ourense. // Jesús Regal

¿Controlan los políticos a los jueces? ¿Están presionadas determinadas instancias por el partido de Gobierno? ¿Es independiente la justicia? Son preguntas frente a las sospechas de una supuesta injerencia entre poderes, cuyo debate se aviva en las últimas semanas tras la crisis en el seno de la Fiscalía y nombramientos como la Audiencia Nacional, donde la magistrada Concepción Espejel, apartada de 'Gürtel' por afinidad al PP, presidirá su Sala Penal. "No existe politización, lo que hay es una apariencia, sobre todo en las altas esferas de la justicia, que no responde a la realidad. Es un cliché que ha calado en el sentir general, por lo que a la larga es tan grave como la realidad". Son palabras de Manuel Almenar, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra (preside la sección civil y mercantil), exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente de la asociación mayoritaria de jueces, la APM, que cuenta con 1.400 afiliados. Ayer disertó en Ourense sobre los retos y necesidades de la justicia.

- ¿Qué problemas rodean a la administración de justicia?

- España sufre problemas similares a los de países de nuestro entorno. En primer lugar, un déficit de funcionamiento así como una apariencia de politización y pérdida de independencia. A su vez, se generan otros dos que a la larga son incluso más graves: la pérdida de credibilidad del sistema y la pérdida de confianza de las instituciones. Otro problemas es la frustración de los operadores jurídicos. En todo caso, la justicia tiene solución, siempre que interioricemos que es necesario el apoyo de todos. Por eso es tan necesario un pacto de Estado por la justicia.

- ¿Está politizada la justicia? ¿Operan los 5.400 jueces españoles con independencia de criterio?

- Los jueces son absolutamente independientes, dentro del margen que prevé la propia ley. Llevo 28 años de ejercicio y jamás me he sentido presionado. No existe una politización de la justicia, lo que hay es una apariencia, sobre todo en las altas esferas de la justicia, que no responde a la realidad. Es un cliché que ha calado en el sentir general, por lo que a la larga es tan grave como la realidad. Basta una impresión de que la justicia no funciona por intereses ajenos a la ley para que el ciudadano pierda la confianza en el sistema judicial y pueda llevar a buscar respuestas fuera. Por lo que es urgente encontrar cuáles son las causas.

- ¿Qué falla, entonces, para que el estado de opinión sea distinto?

- En los últimos años se está produciendo una judicialización de la política. Se están trasladando al ámbito judicial cuestiones que son políticas o tienen un marcado componente, utilizando el proceso penal, en ocasiones, con fines espurios. Después está la deficiente regulación de la política de puertas giratorias. Los jueces tienen derecho a ocupar un cargo público, pero cuando vuelven también es lógico pensar que los ciudadanos tengan una sospecha sobre cuál va a ser la guía de actuación de dicho juez. Otra posible causa de esta percepción es el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Que los candidatos lo sean a propuesta de una y otra formación política va a generar siempre la sospecha o las dudas de que no actúen con una total independencia.

- ¿Cuáles son las reformas más urgentes para mejorar el sistema?

- En primer lugar, controlar la litigiosidad reformando el proceso penal en profundidad. Hay que introducir fórmulas de agilización, extraer cuestiones en las que no está en juego una petición de tutela, sistematizar el régimen de recursos, así como unificar y agilizar la fase de ejecución de los distintos órdenes jurisdiccionales. En segundo lugar, es necesario incrementar la planta judicial, tenemos 5.400 jueces, 12,6 por cada 100.000 habitantes cuando la media europea está en 21. No se necesita doblar el número actual, pero sí 500 o 600 magistrados más. Se han aprobado los presupuestos con una previsión de 65 plazas de jueces, que además empezarán a ejercer dentro de 3 años, porque 1 año lo ocupa preparar el examen y otros 2, la escuela. La tasa de reposición oscila en torno a los 250 de pérdida. En tercer lugar, debemos abordar la implantación de la nueva oficina judicial. Los juzgado separados como células independientes describen una sociedad rural del siglo XIX., con una demarcación y organización del sistema, aún en la actualidad, propias de una sociedad dispersas. Hoy no tiene sentido, es necesario un cambio estructural de la justicia.

Además, conviene repensar la dispersión de competencias, que corresponden al Consejo General, al Ministerio y a las comunidades. También mejorar la implantación tardía de las tecnologías y su compatibilidad, no puede ser que haya 8 sistemas informáticos distintos.

- La justicia parece la administración menos favorecida por los distintos gobiernos.

- Siempre ha sido la hermana pobre de la administración, porque ni damos muchos votos ni generamos mayores problemas. Cuando en otras administraciones se sufren las listas de espera, se ven respuestas inmediatas de la gente, mientras que en justicia parece que el ciudadano asuma que debe funcionar lenta, cuando no tiene que ser así. Falta una voluntad política por parte de todos y la convicción de que invertir en justicia es hacerlo en el futuro de nuestro país. El problema es que las inversiones en justicia no se observan a corto plazo. Si se hace una carretera o un colegio, sí se ve, pero en la justicia solo se aprecian los beneficios con el paso de los años. Y hoy, salvo excepciones, se actúa siempre a corto plazo.

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