01 de junio de 2017
01.06.2017

El extorsionador de un abogado podría enfrentarse a 10 años por planear su rapto y el de su familia

Encargó el secuestro a dos personas y a un preso, por una deuda

01.06.2017 | 02:55

El juez da por cerrada la instrucción contra Carlos R. R., de 52 años, un constructor que irá a juicio por encargar el secuestro de un abogado y su familia, en dos ocasiones. No le disuadió, en su segundo intento, ni estar entre rejas. Presuntamente, ofreció el rapto de la mujer y el hijo de 6 años del letrado a dos personas en Vilagarcía de Arousa -se asustaron y confesaron todo a la Policía-. Ya entre rejas, contactó con varios presos para que raptaran al letrado. A uno, en concreto, quiso contratarlo por 10.000 euros para que secuestrara al profesional, exsocio en una aventura inmobiliaria fallida hace una década. Su objetivo era reclamar una supuesta deuda de 50.000 euros, que la víctima niega. El titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, atribuye a Carlos R. R. un delito continuado de secuestro, o de amenazas en grado de tentativa. La Fiscalía ha recurrido el auto, no por el fondo, sino para que el proceso se transforme en un sumario, en lugar de en procedimiento abreviado, puesto que el posible delito base contra el investigado -una presunta provocación para una detención ilegal- contempla condenas de 6 a 10 años, con independencia de lo que solicite la fiscal al redactar su acusación.

El instructor despacha en dos páginas las conclusiones de una investigación de 3 meses. Carlos R. R. fue detenido y encarcelado en febrero, la Audiencia lo dejó libre menos de un mes después, por una fianza de 3.000 euros, y el juez ordenó su segundo ingreso en la cárcel, 4 días más tarde, al descubrirse que presuntamente había ofrecido retomar el secuestro a internos de Pereiro de Aguiar. Contactó presuntamente con tres presos y les ofreció diversas cantidades, aunque el magistrado solo hace constar en su auto el caso que ve probado.

Ofreció 10.000 euros al preso

En un principio, el constructor se dirigió a dos personas en Vilagarcía para encargarles el trabajo a cambio de 10.000 euros. Tendrían que retener a la mujer y al hijo de 6 años del abogado para lograr el cobro de la deuda, o lo amenazarían con una jeringuilla. Uno de los arousanos contó todo a la policía. Una vez entre rejas, Carlos R. R. se dirigió a un interno al que solo le quedaban 2 meses para salir, tras un quebrantamiento de condena y conducción sin carné. Necesitaba 800 euros de fianza. Le ofreció la misma cantidad poniendo como objetivo al letrado, al que tendría que exigir la deuda. El recluso no estaba por la labor y también desveló ese plan.

El juez mantiene preso a Carlos R. R., ante el riesgo de reiteración delictiva y las pruebas en su contra. Confesaron los supuestos sicarios. Hay grabaciones policiales donde consta que "el propio denunciado manifiesta la posibilidad de amenazar" al abogado "empleando una jeringuilla". Otras escuchas de la causa constatan "la impaciencia" de Carlos R. R. por el hecho de que sus contactos "terminen de una vez el trabajo para el que fueron contratados, señal inequívoca de la persistencia del detenido en su intención de intimidar", refleja el auto.

El propio investigado reconoció en su declaración ante el juez que había contratado a esas dos personas con la intención de cobrar la deuda de 50.000 euros. El instructor, que da 10 días al fiscal y al propio abogado, como acusación particular, para que formulen sus peticiones de condena, también se apoya en el testimonio del recluso al que Carlos R. R. ofreció presuntamente 10.000 euros, así como en la versión de los funcionarios del centro penitenciario de Pereiro, que informaron del nuevo intento de planear el secuestro desde la cárcel.

La UDEV de la Policía Nacional de Ourense había alertado de que la familia de la víctima, así como el propio letrado, "se encuentran en una situación de riesgo, dada la obcecación" del sospechoso. El hecho de que hubiera reincidido aun estando en la cárcel "evidencia una fijación peligrosa", según destacó el juez en el auto que acordaba su reingreso en prisión. La defensa pretendía el internamiento de su cliente en la unidad de agudos del CHUO, para que fuera sometido a un examen psiquiátrico

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