La derivada ourensana de la Patos coleaba desde 2015. Ya no. El juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, ha archivado, sin ver delito. En la pieza derivada de la macrocausa que se inició en Vigo en 2013, había siete investigados. La Policía dedujo de las escuchas supuestas influencias de la empresa Cespa con técnicos y políticos para condicionar la adjudicación de la concesión de parques y jardines en Ourense, en 2013. El magistrado concluye que "de todo lo instruido hasta la fecha ninguna prueba se ha obtenido que nos llevase a pensar que de forma intencionada e ilegal se le atribuyó a la empresa investigada la concesión". El viaje de un funcionario del Concello a un congreso, a cargo de la empresa, no constituye delito porque "no se puede considerar como un regalo que exceda de la mera cortesía, especialmente si tenemos en cuenta el escaso coste del viaje, que no excedió de 1.000 euros". El enviado del ayuntamiento era el jefe de servicio de Medio Ambiente, C. J. C. Á. Según el juez, "no puede concluirse que la invitación al congreso celebrado en Málaga pretendiese de algún modo influir en la resolución del concurso, especialmente si tenemos en cuenta que la persona que finalmente asistió no formaba parte de la mesa de contratación, más allá de lo censurable que desde un punto de vista moral pueda considerarse dicha conducta".
El auto de sobreseimiento provisional no es firme. La Fiscalía aún puede recurrir en reforma ante el propio juzgado 1, o en apelación para que la Audiencia revise. El archivo tiene fecha 3 de mayo. El viernes no les constaba a las defensas que el fiscal hubiera dado el paso.
La pieza en Ourense de la Patos (diligencias 3739 /2015 de Instrucción 1) mantuvo bajo el foco a un total de 7 investigados: 4 representantes de la empresa adjudicataria, Cespa Jardinería S. L. (J. R. A. G., P. M. A. , J. L. P., y A. C. G); la propia empresa como persona jurídica; así como dos funcionarios del área de Medio Ambiente del Concello de Ourense: el jefe de servicio, C. J. C. Á., y el jefe de Sección, G. G. V., que era el responsable del contrato.
Las sospechas de la Policía
Las diligencias se abrieron en noviembre de 2015 en Instrucción 1 de Ourense, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo -en el juzgado de Instrucción 7- para investigar presuntos delitos contra la administración pública. Las escuchas policías nutrían el grueso de las pesquisas. La investigación trató de determinar si existieron delitos y contactos ilegales, como posible tráfico de influencias o prevaricación, entre empresarios, funcionarios y políticos -aunque a este nivel no llegaron las imputaciones provisionales-, en el proceso de adjudicación en 2013 del cuidado de las zonas verdes y jardines públicos de la tercera ciudad de Galicia.
A finales de 2013, el Concello resolvía a favor de la mercantil investigada. Cespa Jardinería S. L., filial del gigante Ferrovial. El contrato, que la empresa investigada aún sigue prestando en precario hasta que se resuelva la nueva adjudicación, fue de 1,1 millones de euros anuales. Cespa obtuvo 94,44 puntos frente a los 89 de la segunda clasificada, PAU, una filial del grupo Vendex, que está investigado por su parte en la operación Pokemon. La adjudicataria recibió 5 puntos sobre 5 posibles en el apartado de mejoras, mientras que ninguno de los competidores llegó al 1.
Los investigados en esta rama ourensano de la "Operación Patos" negaron ante el juez irregularidad alguna. Los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, un grupo con sede en A Coruña, descartaron irregularidades en la tramitación del expediente, tras llevarse 4 cajas de documentación en los registros efectuados en dependencias municipales, en febrero de 2014.
En cambio, concluyeron que "de las conversaciones telefónicas intervenidas se observan indicios de que la licitación pudo verse influenciada desde un principio para que finalmente recayese en la empresa Cespa". Según los agentes, "se ponen de manifiesto contactos e influencias, con invitaciones a eventos y viajes a gastos pagos incluidos, sobre las personas del área de Jardines de Ourense". Mientras se encontraba en trámite el proceso de adjudicación, el jefe de servicio de Medio Ambiente, C. J. C. Á., viajó a un congreso a Málaga, en mayo de 2013, con los "gastos pagos" por la empresa. Había sido invitada la exedil Susana Bayo (PSOE), pero ella declinó, enviando en su lugar al funcionario. La exedil solo ha sido testigo en esta causa, al igual que el alcalde de entonces, el socialista Agustín Fernández.
El juez Leonardo Álvarez analiza este hecho y descarta en su auto que constituyera un delito de cohecho. El viaje centra el grueso de la resolución: "Nadie discute el carácter público de la concejal a la que se le ofreció el viaje a Málaga, ni que la invitación se hiciese en consideración a su condición de concejal, sin embargo el problema lo plantea el segundo de los requisitos indicados puesto que el concepto de dádiva o regalo implica que no se pueden incluir dentro de ese concepto regalos cuya cuantía sea moderada o aquellos que en los usos sociales se consideran algo habitual o regalo de cortesía, aunque dicho regalo se realice en consideración a la función pública del destinatario, siendo, en este caso, lo más importante la ausencia de la voluntad de corromper, debiendo excluirse del concepto penal los obsequios hechos a título de mera cortesía", razona el magistrado.
El instructor continúa: "El hecho de invitar a la concejal responsable del área en cuyo seno se había sacado el concurso, a un congreso a celebrar en la ciudad de Málaga, sobre una materia que es propia del área de la que es responsable dicha concejal, no se puede considerar como un regalo que exceda de la mera cortesía, especialmente si tenemos en cuenta el escaso coste del viaje, que no excedió de 1.000 euros".
Leonardo Álvarez tiene en cuenta que "el objeto del viaje era meramente formativo y no de ocio, tratamiento distinto mercería este regalo si se tratase, por ejemplo, de un viaje a algún paraíso turístico". Pese al archivo, califica los hechos como "moralmente reprobables". Cita el juez varias conversaciones "pinchadas" donde "varios de los investigados reconocen lo censurable de ese proceder, aunque sea de forma irónica". Con todo, a juicio del instructor, "esto no es suficiente para considerar a los investigados acreedores a una sanción de naturaleza penal".
Contactos solo "informativos"
Por último, el magistrado analiza las reuniones entre la empresa y el Concello. Destaca que "el informe elaborado por los agentes instructores pone de manifiesto que no se observa ninguna irregularidad ni en la tramitación del expediente de contratación ni en la adjudicación de la obra a Cespa". El juez indica que "del contenido de la conversaciones intervenidas no puede deducirse que las entrevistas mantenidas entre responsables de Cespa y responsables del Ayuntamiento en el área de parques y jardines, en especial con la concejal y el jefe de servicio, hayan excedido de las meras conversaciones de cortesía o de mera información, sin que las declaraciones efectuadas en sede judicial hayan cambiado esta apreciación".
