El grupo popular utilizó su mayoría para rebajar las exigencias "desde el respeto" y el "diálogo", como dijo el diputado José Antonio Feijóo, para que Abanca "colabore" en la prestación de servicios en los concellos del rural, dotando de medios materiales que estimen necesarios para prestar "un servicio eficiente".
Una enmienda que frenó la iniciativa más contundente de los socialistas, ya que la diputada Isabel Álvarez que llegó a plantear que se revisen los convenios de la Diputación con Abanca en el caso de que la entidad recorte sus oficinas en el rural. Defendió la oportunidad de la propuesta después de las movilizaciones en O Irixo y de Ramirás que "han conseguido frenar de forma momentánea" el cierre de oficinas en sendos municipios.
Álvarez hizo referencia a la repercusión del "desmantelamiento" de las oficinas, tanto para los negocios en los municipios afectados, así como un obstáculo para los empresarios que deseen crear sus negocios en el rural. Y puso de manifiesto las dificultades de la población del rural, con un alto índice de envejecimiento, para acceder a los servicios de banca electrónica.
José Antonio Feijóo advirtió que no se puede actuar "bajo amenazas y coacciones", y aseguró que desde Abanca se ha confirmado a la Diputación que "no tienen planes de cierre de oficinas" y que se les ha transmitido que "donde no hay una oficina tratarán de intensificar la atención y servicio" que ofrecen en la actualidad.
El reproche de la diputada socialista no se hizo esperar: "eso es lo que dijeron los directivos de la entidad", por lo que considera que Feijóo se convertía en su portavoz en el pleno.
