26 de mayo de 2017
26.05.2017

Riesgo de cárcel e inhabilitación para el alcalde de Vilariño por convertir "su voluntad en norma"

Ventura Sierra niega enchufismo y basa su defensa en que quería "fijar población" para no cerrar servicios -El fiscal: "Otra opción política que respetase la ley estaba en desigualdad"

26.05.2017 | 09:18
El alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, en el juicio. // Brais Lorenzo

Al alcalde de Vilariño de Conso desde 1979, salvo entre 2007 y 2009 -primero con el PSOE y, desde los 90, con el PP-, ya solo le queda esperar. Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Ourense estudian desde ayer si Ventura Sierra prevaricó y cometió además una falsedad documental por contratar supuestamente a dedo a 29 personas entre 2012 y 2013, al frente de un ayuntamiento con un censo de 586 habitantes, según el IGE, pero donde viven a diario poco más de 300 personas. El fiscal y la acusación popular (representa a los tres denunciantes, dos ediles opositores y uno que lo fue) mantuvieron su petición de 5 años de cárcel, 14 de inhabilitación y una multa de 6.480 euros. La defensa pretende la libre absolución, tras argumentar que el único propósito del veterano regidor era "fijar población" para no tener que cerrar servicios.

No prevaricó, alega esta parte, porque siguió criterios "muy similares" a los que establece una orden de la Xunta sobre las subvenciones de cooperación para contratar a desempleados en el ámbito local, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en mayo de 2013. Según el abogado, Sierra "desconocía" que pudiera delinquir por no dar publicidad a las ofertas ni contratar siguiendo unas bases más que los criterios de la orden, pese a los reiterados informes de reparo más las advertencias verbales de ilegalidad de la secretaria-interventora.

El defensor del alcalde, Jorge Temes, rechaza igualmente la acusación de falsedad, después de que varios testigos propuestos por esta parte rebatieran a los de la acusación, afirmando que sí pasaron una entrevista en el Concello (entre ellas, trabajadoras que se convirtieron en indefinidas). Ventura Sierra hizo uso de su derecho a la última palabra, en el cierre del juicio. "No tuve la intención de hacer daño a nadie", dijo el político.

Las acusaciones pública y popular se mantuvieron firmes. El fiscal, Mario Brualla, subrayó las "múltiples advertencias y reparos" realizados por la secretaria "sobre irregularidades graves". En su opinión, el alcalde incurrió en "una actuación arbitraria, contratando a dedo a quien estimaba oportuno". ¿Cuál era el fin?, planteó en su informe final el representante del ministerio público. "El motivo es fácil imaginarlo", dijo, en un contexto en el que el Concello de Vilariño "es el mayor empleador a nivel local".

Brualla afeó que "cualquier otra opción política que respetara la ley estaba en una situación de desigualdad frente a un señor que daba trabajo en situación de crisis". Trajo a colación una sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, de 1988, donde el ponente ya reprendía estas corruptelas. "Estamos en 2017 y parece que seguimos igual", hiló el fiscal.

El delito de falsedad documental se asienta en que, presuntamente, se simularon entrevistas a personas que figuraban en situación de desempleo, después de que el Concello enviara una oferta a la oficina de desempleo. "Se supone la intervención de personas a las que no se les llamó", dice el fiscal, aludiendo a varios testimonios. Cree que algunos, en sala, "tomaron precauciones" de no ser categóricos en ese punto, dada "su dependencia laboral con el Concello".

¿Mintieron dos testigos?

Para dos de los que corrigieron su versión inicial ante la Fiscalía, Brualla solicitó ayer al tribunal que se les investigue por mentir en el estrado (los testigos están obligados a decir verdad y el presidente de Sala apercibió a cada uno).

La defensa se basa, en parte, en que los formularios sobre cada contratación no fueron elaborados por el alcalde. Pero el fiscal lo tiene claro: "Quien firma, decide y tiene la autoría intelectual es él".

A los tres denunciantes los representa el abogado José Calvo. La acusación popular considera que el método de contratación en los 29 supuestos enchufes fue "la voluntad exclusiva de Ventura Sierra convertida en norma, sus criterios personales en ley". El letrado llamó la atención al tribunal sobre la ausencia en todos los casos de anuncios, publicación en el tablón y bases. "El principio básico más clamorosamente ausente es la publicidad, privando acceder a cualquier interesado. Es una injusticia que vulnera un derecho colectivo. Hay un montón de personas que quieren pero no encuentran otra oportunidad", expresó el letrado.

Según su criterio, Ventura Sierra prevaricó por una actuación "a sabiendas", contratando por decreto a quien quiso "pese a que fue informado hasta la saciedad y el aburrimiento" de las consecuencias, por parte de la secretaria, que redactó informes "contundentes e imparciales". Pero el alcalde, según los argumentos de la acusación popular, "levantó los reparos, se apartó de la legalidad e impuso su norma. No hubo un proceso de selección oficial, sino personal, a dedo". Llegando, en algún caso, a que entraran 7 personas tras una sola oferta. "Esta no es una empresa privada, no puede contratar a quien le dé la gana", reprochó el abogado contrario.

Antes del uso de la última palabra, la defensa expresó todo el alegato. El letrado, Jorge Temes, rechazó la posibilidad del delito de falsedad, el que amenaza al veterano alcalde con pena de cárcel. Aduce que Sierra no redactó los formularios donde supuestamente se incluyó a aspirantes que no fueron entrevistados -la defensa lo rebate con las manifestaciones de otro grupos de testigos-, y que todos excepto uno trabajaron "antes o después" en el ayuntamiento. Según el letrado, la "prioridad" para su defendido era "fijar población para no tener que cerrar centros y servicios públicos", y siguió criterios "muy parecidos" a los que establecía la orden para promoción de empleo local publicada en el DOG, priorizando a los desempleados de Vilariño de Canso. Sierra, con una formación "media o baja", dice su abogado, "no tenía a nadie que lo asesorase" y creía que los informes para levantar reparos redactados por la secretaria solventaban.

"Hubo un verdadero proceso selectivo", afirmó la defensa, con la participación de una trabajadora social y una agente de empleo. Él tenía la decisión pero ellas entrevistaban y seleccionaban según su criterio. El letrado preguntó a varios contratados si el alcalde les pidió dinero o voto a cambio de darles un puesto de trabajo. Destacó el hecho de que todos lo negaron.

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