Levantar un pleno de 2014 sin permitir el debate ni dar la palabra al secretario, que pretendía advertir de ilegalidad, puede costarle 7 años de inhabilitación pública al alcalde de A Pobra de Trives (2.191 habitantes), el independiente Francisco José Fernández Blanco, en el poder desde 2011 y, previamente, apenas un año, entre 2007 y 2008, hasta que fraguó una moción de censura entre PP y el PSOE. Ayer fue a juicio, acusado de prevaricar. El regidor niega el delito apoyándose en un informe jurídico externo. En su derecho a la última palabra, manifestó a la juez: "Es injusto que esté aquí por estos hechos". La defensa solicita la libre absolución y también el ministerio fiscal, que aprecia una ilegalidad pero no un delito.
Solo acusa un exedil socialista, que culpa al alcalde de Trives de finalizar la sesión, en la que se abordaba su recusación, sin permitir debate ni voto, y sin dar la palabra al secretario, pese a que la pidió dos veces para informar de la ilegalidad y sin conocer el contenido del informe externo, según declaró ayer en la vista. Vulneró así, presuntamente, los derechos de la oposición. Antes del inicio de la vista, el regidor, que es abogado de profesión, dio su versión de los hechos a los periodistas. "Estoy absolutamente tranquilo, que pase esto de una vez para poder dedicarnos a los intereses de Trives", dijo, negando "daño alguno" al interés general.
Francisco José Fernández cargó ayer contra el denunciante, a preguntas de la prensa: "Lamento que sea precisamente el denunciante una persona como el señor José Vicente de Inés, que sigue como presidente en funciones de la mancomunidad y lleva 4 años sin convocar pleno ni hacer ningún tipo de fiscalización de su gestión al frente, y que la maneja como le da la gana y contratando a quien quiere. Que sea la única persona que mantiene la acusación contra mí solo obedece a intereses puramente políticos y una enemistad personal, sin base penal".
Pero el alcalde también extendió sus críticas públicas al hecho de que la Audiencia Provincial de Ourense reabriera el caso, en la fase de instrucción, después de que la magistrada de Trives hubiera dictado el archivo. "Lamento que por parte de algunos estamentos judiciales se contribuya a la judicialización de la política. La Audiencia permitió que se celebre este juicio", dijo a la prensa.
La defensa solicitó en la sala la libre absolución del alcalde, argumentando que Fernández Blanco tomó una decisión apoyado en un informe jurídico y actuó en defensa de la legalidad. El fiscal se adhiere. Considera que los hechos no constituyen delito, más allá de que suspender el pleno de 24 de enero de 2014 no fue legal, tal y como resolvió en firme el juzgado de lo contencioso. Por eso solicita la continuación de la sesión objeto de esta causa, para así restablecer la legalidad.
En los antecedentes del proceso que ayer llevó a juicio al alcalde de Trives encuentra su mala relación con la interventora, llegando en 2013 a suspenderla de funciones y a la que presuntamente quiso ampliar su suspensión provisional en seis meses, pocos días antes de que expirase otra sanción de igual duración. Los concejales de la oposición solicitaron el pleno extraordinario para abordar ese conflicto y tramitar la recusación del regidor o su abstención. La sesión fue convocada en enero de 2014 de forma automática, ya que había sido solicitada por el 25% de la corporación municipal.
Francisco José Fernández explica que, meses antes, en noviembre de 2013, la oposición ya presentó mociones con el mismo tema a debate, pretendiendo su recusación en el expediente abierto a la secretaria-interventora. "En aquel momento se llevó como ruegos y preguntas, se levantó el pleno y no hubo inconveniente", recordaba ayer.
La nueva solicitud llevó a la convocatoria de un pleno extraordinario, el 24 de enero de 2014, el que la magistrada del Penal 1 de Ourense analiza para decidir si el alcalde de Trives cometió un delito de prevaricación. El aludido justifica su decisión de levantar la sesión de la siguiente manera: "En ese expediente del pleno no aprueban ni mi decreto de inicio de segundo expediente disciplinario ni el escrito de recusación de la secretaria-interventora, con lo que por tanto estaba incompleto. Un día antes aportan un informe jurídico particular. Además de que esos acuerdos serían nulos de pleno derecho porque no son competencia del pleno, y de que ya me había abstenido en ese segundo expediente, pretendían que también lo hiciera de futuros expedientes disciplinarios contra la secretaria. Se tratarían de acuerdos nulos de pleno derecho", expresó a la prensa.
Su actuación se apoya en el informe de un abogado externo. "En base a él, en defensa de la legalidad, instaba que no se adoptara ese tipo de acuerdos. En base a ese informe levanté la sesión después de leerlo". El juzgado contencioso falló en su contra, pero Fernández matiza que "ninguno de los concejales que estaban presentes solicitó la continuación de ese pleno".
La acusación sostiene que el alcalde no es quien de decidir que no se vote lo que él no considera oportuno, y que, por tanto, "impidió celebrar de forma flagrantemente ilegal" el pleno extraordinario. En la opinión de esta parte, conocía que algo estaba mal porque no quiso que el secretario advirtiese. "En un acuerdo anterior del pleno de Trives, concejales de la oposición llevaron 5 puntos, se aprobaron porque tenían mayoría y el alcalde recurrió en vía contenciosa. Eso quiere decir que sabía cuál era la vía a adoptar", añade el abogado contrario para considerar que Fernández Blanco prevaricó al suspender la sesión.
