18 de mayo de 2017
18.05.2017

Dos alcaldes en activo de Ourense, en el banquillo de acusados el mismo día

El regidor de Vilariño de Conso se enfrenta a 5 años de cárcel por falsedad en una veintena de contratos -El de Trives, acusado de prevaricación, podría ser inhabilitado 8

19.05.2017 | 09:05
El alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra. // Iñaki Osorio

El turno, en este año, de los alcaldes de Ourense en el banquillo de los acusados lo abrió el de A Merca, Manuel Velo, en abril. Fue juzgado y condenado en primera instancia a 4 meses de inhabilitación, por desobedecer una sentencia de derribo de una casa. La resolución todavía no es firme y Velo (del PP, aunque de baja en la militancia) espera el resultado de su apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense. Sigue en el cargo al que accedió en 2003, gobernando un municipio de 2.000 vecinos como independiente pero sostenido por 7 ediles del PP, frente a 2 del BNG y 1 del PSOE.. En total, son 4 los alcaldes en activo en Ourense a los que la justicia puede comprometer su futuro en 2017. El miércoles, en una situación muy inusual, dos alcaldes se sentarán en el banquillo de acusados, en procesos distintos. Cada uno en un edificio.

El 24 de mayo habrá un alcalde en el banquillo de acusados en el viejo edificio judicial de Ourense, y otro esa misma mañana en el nuevo. El Penal 1 ha citado a juicio a las 9.30 horas del miércoles al regidor independiente de Trives (2.191 habitantes), Francisco José Fernández. Es el único que va a juicio este año y no es -o era- del PP.

Un pleno en Trives en 2014

Está acusado de prevaricación. Se enfrenta a una solicitud de 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por parte de un exconcejal el PSOE, que es la única acusación en el proceso porque la Fiscalía -al menos antes de que se celebre el juicio- no ve delito y solicita la absolución. La acción, impulsada inicialmente por el portavoz del PP, Isauro Pérez -ya fallecido- y el del PSOE, Manuel José Vicente, alude a una sesión de 2014 que fue legalmente solicitada por más del 25% de los miembros de la corporación.

El exedil culpa al alcalde de Trives de finalizar la sesión, en la que se abordaba su recusación , sin permitir debate ni voto, y sin dar la palabra al secretario, pese a que la pidió dos veces para advertir de ilegalidad. El regidor, que es abogado de profesión, niega haber incurrido en delito. En instrucción, adujo que el acuerdo que se iba a adoptar en la sesión sería ilegal puesto que ya se había abstenido.

Fernández es alcalde independiente de Trives desde 2011. Antes, gobernó apenas un año, entre 2007 y 2008, hasta que fraguó una moción de censura entre PP y el PSOE. En los antecedentes del proceso que lo lleva a juicio el miércoles -hubo un archivo provisional revocado por la Audiencia- está la mala relación con la interventora, llegando en 2013 a suspenderla de funciones. Los ediles de la oposición pidieron el pleno extraordinario para abordar ese conflicto y tramitar la recusación del regidor o su abstención.

Media hora después del inicio de esta vista en el Penal 1, debería comenzar en la Audiencia la primera de las dos sesiones de juicio programadas contra Ventura Sierra. El veterano regidor de Vilariño de Conso (con el PSOE desde el inicio de la democracia y con el PP desde los noventa salvo por un breve parón de 2 años), se ve en el banquillo ante una petición de condena grave, que podría llevarlo incluso a la cárcel.

La Fiscalía y los denunciantes -miembros de la oposición- coinciden en la calificación y la pena: piden 5 años de cárcel y 14 años de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público, incluido de personal asesor. El alcalde popular se sentará en el banquillo por más de una veintena de contrataciones ilegales en 2012 y 2013, sin seguir supuestamente el debido proceso administrativo y con reparos. Eran puestos de albañil, peón, conductor o auxiliar de ayuda a domicilio, entre otros. La secretaria formuló informes de objeción a la hora de pagar las nóminas pero, presuntamente, Sierra hizo caso omiso y las levantó por decreto para que se formalizaran los pagos.

Según la Fiscalía, Sierra "vulneró" los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al elegir a trabajadores para determinados contratos ajustándose "a su criterio personal". Según el ministerio público, eludió dar publicidad a los puestos de trabajo para evitar otros posibles candidatos. Al regidor se le imputa el delito de falsedad documental porque, según las acusaciones, el regidor aparentó haber seguido un proceso de selección para dar apariencia de legalidad, simulando que había entrevistado a las personas que figuraban en situación de desempleo.

Supuesto enchufismo en Conso

Por el presunto delito continuado de falsedad documental, Ventura Sierra se expone a 5 años de cárcel y una multa de 6.480 euros. Sumada a la pena propuesta por la prevaricación, las acusaciones fijan en 14 el periodo de inhabilitación para desempeño público. La defensa niega ambos delitos y pedirá la libre absolución en el juicio. Sostiene que Ventura Sierra respetó el proceso de selección y únicamente trató de escoger a candidatos que se encontraran en desempleo y que fuesen de la zona. Frente a las acusaciones de que el regidor enchufó a afines, su abogado esgrime que entre los contratados también hay personas integrantes de otros partidos políticos.

Tras conocerse que iría a juicio, Sierra reconoció a FARO que no existió publicidad en ninguna de las contrataciones discutidas, pero sostuvo que se puso en contacto con el INEM para recabar un listado de personas desempleadas del concello y la zona. "El objetivo fue mirar por la gente parada, como alguna mujer separada con un hijo, atendiendo a la gente que lo necesitaba". Frente a la sospecha de enchufismo, el alcalde de Vilariño de Conso (586 vecinos, uno de los concellos con menor población de Galicia) adujo que entre los contratados había "personas que estuvieron en la lista del BNG y de otros partidos". Sierra reiteró que su discutido criterio de empleo era atender a la "necesidad" de los desempleados del concello. "Yo nunca pregunté a nadie a quién votaba".

El último en pasar el mal trago será Antonio Pérez, regidor de Xinzo de Limia desde octubre de 2010. Como sus compañeros, ya no pertenece al PP -pidió la baja de la militancia al abrirse juicio oral-, aunque el partido lo mantiene en el poder con el respaldo del resto de ediles. El Penal 1 de Ourense ha reservado la semana del 2 al 6 de octubre para resolver si cometió un delito de prevaricación continuada. La Fiscalía y el principal sindicato del Concello, la CIG, piden 10 años de inhabilitación.

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