Los dos juzgados de lo Penal de Ourense operan desde diciembre pasado con apoyo de un Juez de Adscripción Territorial (JAT) que permite celebra más juicios, tras un paréntesis de dos meses desde el cambio de destino de la anterior magistrada de apoyo. Fue el único periodo sin juez adicional desde mayo de 2014, cuando el colapso de ambas sedes era muy llamativo. A finales del año pasado, el sindicato Alternativas na Xustiza - CUT volvió a dar cifras preocupantes sobre el atasco crónico de dos tribunales donde se celebran la mayoría de juicios penales de la provincia. Sobre todas sobresalió que 120 delitos quedaron sin castigo para sus autores, solo en 2015, por la prescripción de la causa en la fase de ejecución, es decir, durante el trámite para hacer cumplir la condena. En estos últimos meses, el sindicato lidera la reivindicación de un juzgado penal bis, o de refuerzo. La CUT cree que pasado mañana podría darse un paso decisivo en el Tribunal Superior de Xustiza.

Representantes del sindicato se reunieron el 8 de mayo con el presidente del TSXG, el ourensano Miguel Ángel Cadenas. Según los representantes de los trabajadores, "conseguimos su compromiso de solicitar en la próxima Sala de Gobierno del 19 de mayo el cuadro de personal necesario para lograr, por fin, el juzgado de lo Penal de refuerzo para Ourense". El TSXG no adelanta acontecimientos. El gabinete de prensa comunicará el resultado del acuerdo el viernes, si así se decide en la reunión.

Según Alternativas, el tercer penal sería posible, de facto, sumando a los refuerzos ya existentes -la Xunta mantiene 5 funcionarios adscritos desde 2015- y a la figura del juez de apoyo otros 2 funcionarios (un gestor y un auxilio) así como un letrado de la administración de justicia (secretario). El viernes se estudiará pedir la dotación de dicho personal a la Dirección Xeral de Xustiza (la plaza de letrado compete al ministerio).

El sindicato presentó al presidente del TSXG un informe con aportaciones del juez decano y de las dos magistradas titulares. Según sus datos, la pendencia de asuntos sitúa a los dos penales de Ourense "entre los más colapsados de Galicia, con un número de diligencias previas insostenible": 1.271 en el caso del 2 y 971 en el Número 1, "lo que supone más de un 50 % por encima del resto de los juzgados de Galicia". Pese a que entre los dos dictaron 921 sentencias en 2016. Los juicios se están señalando a 8 meses vista en la actualidad, aún prescriben causas "por imposibilidad material y temporal de atenderlas", y además las peticiones de indultos y beneficios penales "se acumulan sin resolución". Alternativas asegura que las ejecutorias han aumentado en los penales un 58 % -ambos sumaban 1.487 al cierre del año pasado-, que el retraso en los asuntos de violencia de género "llega al 187 %" y que por número de asuntos ingresados, los penales de Ourense están entre los tres primeros de Galicia (873 el 1 y 831 el 2, en 2016), "lo que supone 300 asuntos más que los juzgados que menos tienen".