12 de mayo de 2017
12.05.2017

Condenan a la Xunta a pagar 160.000 euros por una "actuación tercermundista" en una quema que arrasó 475 hectáreas

El TSXG responsabiliza a la administración por su "absoluta falta de previsión"

12.05.2017 | 03:56
El conselleiro de Medio Rural en 2011, Samuel Juárez (i) y el responsable de Montes, Fernández-Couto (d), visitaron la zona. // I.O.

Era una quema controlada de la empresa pública Seaga, en una superficie de 2 hectáreas, a petición de la asociación de cazadores, en Bande. La "absoluta falta de previsión, tanto de las condiciones como de los medios, presuntamente por especialistas y profesionales seleccionados por mérito y capacidad", degeneró en un incendio forestal que afectó a los montes de Bande y Verea, arrasando 475 hectáreas. Una parte era superficie arbolada con ejemplares de hasta 40 años. Ocurrió el 8 de abril de 2011. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a la Xunta a pagar 160.000 euros a la comunidad de montes. La Sala de lo contencioso no ahorra calificativos en la sentencia al determinar la responsabilidad patrimonial de la administración, tachando de "tercermundista" la actuación de la consellería de Medio Rural y Seaga.

En una resolución que todavía no es firme -la Xunta puede acudir en casación ante el Supremo-, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG resuelve así, en palabras del magistrado ponente Francisco Javier Cambón: "Evidentemente la actuación tercermundista de la Consellería do Medio Rural y de su ente Seaga, destruyendo aquello que están obligadas a proteger, integra los requisitos de la responsabilidad patrimonial. Ocasionan un incendio en la zona en que efectúan una quema autorizada, en un momento en que el vehículo de Seaga se encontraba fuera de la zona de trabajo y el helicóptero más próximo sufrió la rotura del cable que sujeta la cesta que transporta el agua, y ejecutan la quema cuando existía viento de 17 Km/h".

Enfatiza el magistrado que "una quema ¡controlada!, de poco más de 2 hectáreas, terminó en un incendio forestal de más de 475 por la absoluta falta de previsión tanto de las condiciones como de los medios, presuntamente por especialistas y profesionales seleccionados por mérito y capacidad, entrañando un funcionamiento palmariamente anormal de una administración en la gestión de la actividad que tiene encomendada".

El entonces conselleiro, Samuel Juárez, visitó la zona asolada y se entrevistó con los comuneros, en compañía del todavía responsable de Montes, Tomás Fernández-Couto, director xeral de Ordenación e Produción Forestal. Juárez admitía en abril de 2011 que "pudo haber un fallo en el procedimiento", anunciando una investigación interna.

Tras no obtener respuesta de la Xunta en vía administrativa, los comuneros acudieron a la vía judicial, con la defensa de Alfonso Grande Pérez. Reclamaban 827.390 euros por daños y perjuicios. La administración rebajarlo a 46.743 euros, considerando la Sala que "el dictamen objetivo" realizado por un perito judicial ha de prevalecer. El TSXG cifra la indemnización en 160.000 euros.

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