J. R. F. y F. R. Q., dos hombres de 81 y 83 años de edad, fueron juzgados ayer por causar de manera imprudente un incendio forestal que arrasó 2,2 hectáreas de monte en el municipio de Allariz, en septiembre de 2014. El fuego comenzó cuando los acusados manipulaban un ahumador de abejas en un paraje donde el primer acusado tenía una explotación de colmenas.
El ahumador, en cuyo interior se produce una quema, es una herramienta de los apicultores para disminuir la agresividad de las abejas mientras se manipulan las colmenas. Los invertebrados reaccionan como si se sintieran amenazados por un incendio, perdiendo su instinto para picar.
Sobre las 13 horas del 2 de septiembre de 2014, según la narración de lo sucedido por parte del ministerio fiscal, los dos octogenarios se dirigieron a la explotación de J. R. F. en la zona de O Piñeiro, Allariz. Una vez allí, sin el debido cuidado a ojos del ministerio público -ellos niegan el delito imprudente-, manipularon el ahumador de abejas en varias ocasiones, rociando tres colmenas.
La maniobra produjo un incendio debido a las condiciones climatológicas adversas que había: viento con rachas de 7,45 kilómetros por hora, una temperatura de 29 grados y una humedad relativa media del 43%. Según los investigadores, esta combinación de factores ambientales "determinó que el combustible fino y muerto tuviera una humedad claramente favorable a la propagación".
Las llamas comenzaron en la finca donde estaba la explotación y se propagaron a la de otras dos vecinas de la zona. Una de las propietarias reclama las acciones civiles y penales que le correspondan -la cuantía no consta en el procedimiento-, mientras que la segunda afectada renunció a ellas.
Como consecuencia de la propagación, las llamas arrasaron un total de 2,2 hectáreas de monte raso. El fuego fue sofocado por el servicio de extinción de incendios de la Xunta. El coste del operativo fue cifrado en algo menos de 785 euros.
El fiscal quiere que los octogenarios indemnicen a la administración por los gastos de la extinción, y a la propietaria que reclama por el importe que se determine en ejecución de sentencia. Para cada acusado pide 10 meses de prisión -sin efectos- y multa de 3.600 euros.
