Pero si el proyecto presupuestario suscitó controversia, la demora en su presentación, debido al argumento de que se debía elaborar antes una modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo, la conocida RPT, puso en el foco de la polémica al interventor municipal, que hasta en dos ocasiones rechazó la propuesta que presentó el gobierno municipal.

Y si los grupos de la oposición evitan entrar en una confrontación directa con el funcionario municipal, los que si lo hicieron fueron los representantes sindicales en el concello de la CIG, cargando contra la postura del interventor.

Y así, en un comunicado recriminan el "instinto jurídico que le caracteriza exigiendo, en contra del criterio que mantuvo la CIG- al igual que otros grupos municipales-, sobre una nueva estructura de la RPT según los parámetros de legalidad impuestos por la propia intervención como requisito previo a la aprobación de los presupuestos"

Para recordar que ya hizo lo mismo antes, denunciando al Tribunal de Contas e informando en contra del actual acuerdo regulador, para intentar suprimir la ayuda social. Por lo que señalan que el interventor "parece tener como objetivo asumir las funciones reservadas al asesor jurídico y otros órganos de asesoramiento lega".

Para los representantes de la CIG, el resultado fue el mismo: "el Tribunal de Contas inadmitía su denuncia y la Subdelegación del Gobierno decidirá que a ayuda social no era ilegal, y ahora el Consello Consultivo de Galicia resuelve que la aprobación de la RPT no es necesaria para la aprobación de los presupuestos". Es por eso que le recomiendan al interventor que "se centre sobre las cuestiones presupuestarias y contables y deje el asesoramiento jurídico a órganos o funcionarios más especializados".

Sobre está cuestión no hubo pronunciamiento por parte del gobierno ni de la oposición. Aunque el portavoz Socialista, Vázquez Barquero, quiso dejar claro que "no ponemos el foco de lo sucedido en el interventor, sino en el alcalde y el gobierno", además de recordar las "diferencias" que tuvieron cuando gobernaron con el interventor, y en las que no hubo "pronunciamiento de la CIG".