Dará un giro a la organización actual de los juzgados, moverá funcionarios de forma voluntaria o "forzosa" -el director xeral de Xustiza lo llamó ayer "acoplamiento"- y superará el actual modelo de tribunales como compartimentos estanco, para agrupar tareas en macrounidades dedicadas a las tres funciones principales de la justicia: registro de asuntos, tramitación y ejecución. La ley de la nueva oficina judicial supone una pequeña revolución en un sistema que a veces aún parece de otro siglo (el papel sigue mandando), pero cuyas reformas avanzan en los últimos años, paso a paso. La ciudad de Ourense será el campo de pruebas en Galicia y entre los operadores jurídicos, los que han de amoldarse a los cambios, hay opiniones diversas sobre esta experiencia piloto.
El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, es optimista: "Permitirá una justicia más centrada en el ciudadano, con un servicio de más calidad". El juez decano, Leonardo Álvarez, se muestra más escéptico y crítico con la Xunta: "El proyecto tiene que ser consensuado con todos". Al magistrado le "molesta" que la administración no informara antes del plan piloto. Álvarez, además, advierte: "Los juzgados ya funcionan bien. Con la nueva oficina se controlará la justicia a través de 3 letrados [antes llamados secretarios] nombrados por el ministerio por libre designación".
Críticas por la externalización
La Xunta promete una administración judicial "más ágil, eficaz y próxima a la ciudadanía", con una organización "más precisa y racional" y cuyo objetivo es "un modelo de administración de justicia basado en la eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo y uso de las nuevas tecnologías".
. La reforma empezará, en primer lugar, por un estudio a cargo de una consultora, Everis, que ya ha comenzado y dispone de 2 meses para hacer un "análisis y diagnóstico" de la situación actual de los tribunales, centrándose en el volumen de actividad, distribución de cargas de trabajo, recursos humanos, dotación de infraestructuras, sistemas y equipamiento. La empresa también debe definir el modelo de organización -ofrecerá alternativas-, realizando finalmente una proyección económica del elegido.
El sindicato UGT criticó ayer la contratación de una empresa para llevar a cabo este análisis, "porque el modelo ya está fijado en un decreto, y la Dirección Xeral de Xustiza debería saber con qué recursos cuenta sin tener que preguntárselo a una empresa externa". La central ve "muchas sombras" en esta experiencia piloto. La consultora tiene experiencia en implantar la nueva oficina en otras ciudades. así como en la gestión de programas del ministerio, "tanto con PP como PSOE", abundó el director xeral.
Las críticas sindicales no se quedan ahí. Otras fuerzas como Alternativas na Xustiza - CUT denuncian que se "dejara fuera" del proceso de asesoramiento a los funcionarios, "cuando son los principales afectados" por la reorganización. Con los representantes de los trabajadores tendrán que negociar la RPT. El nuevo modelo les permitirá desarrollar una carrera de especialización.
Ourense fue la elegida por sus números pero también porque el nuevo edificio judicial de O Couto, inaugurado hace 2 años tras una inversión de 17 millones de euros, permite reorganizar los juzgados y hacer una mudanza interna. Si hay que tirar tabiques para agrupar las nuevas oficinas, se hará.
El director xeral se reunió ayer en Ourense con los principales representantes de la administración judicial, como el fiscal jefe, Florentino Delgado, la secretaria coordinadora, Josefina Diz, además del presidente de la Audiencia Provincial, el decano, y los letrados del decanato y el servicio común de actos de comunicación y ejecución. El encuentro empezó con tensión porque la Xunta los citó a las 11 y su entrada su retrasó media hora por la rueda de prensa previa.
La pretensión del gobierno gallego es que, entre finales de año y principios de 2018, la oficina judicial pueda estar ya diseñada. Tras probar en Ourense cómo se amolda, el plan se extenderá paulatinamente al resto de juzgados de Galicia. El nuevo modelo organiza la actividad en dos tipos de unidades. Por un lado, las procesales de apoyo a los jueces, formadas por uno o dos funcionarios para ayudar a los magistrados. Por otra parte, los servicios comunes procesales, que estarán a cargo de un letrado de la administración de justicia. Estas últimas asumirán la tramitación de casos desde su entrada en los juzgados: registro o archivo, ejecución, atención al ciudadano o actos de comunicación, explica la Xunta.
