En las consultas de los forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga), así como en el juzgado de guardia, ya hay ventanas para airear cuando sea necesario. Llevan instaladas algo más de una semana, visibilizando el único cambio estructural que ha tenido el nuevo edificio judicial de Ourense. El inmueble empezó a operar entre marzo y abril de 2015, tras una inversión de 17 millones de euros. Las quejas de los distintos operadores jurídicos canalizaron una treintena de peticiones de cambios. La Xunta ha satisfecho varias para corregir las carencias, como la instalación de barandillas exteriores después de varias caídas, el refuerzo de la iluminación en las oficinas, porque no era la mejor para trabajar, o la dotación de una sala para víctimas de violencia de género, que no estaba prevista en el proyecto.
La apertura de las primeras ventanas -y, en principio, las únicas-, en la parte inferior de la fachada trasera -la mayoría de la cubierta es de malla metálica- se incluye en un plan de obras de 82.000 euros que también incluye reformas en el viejo edificio del Pazo de Xustiza. En el nuevo ya está a punto la antigua sala de procuradores (los profesionales fueron trasladados hace meses a una sala de bodas exterior que no llegó a oficiar enlace alguno). Este espacio acogerá en los próximos días la oficina de atención al ciudadano. Pese a ser uno de los que más consultas recibe cada día, la puesta en marcha del edificio desempeñó sus funciones en el mismo sótano, pero en un lugar alejado, casi escondido de la escalera de acceso público desde el vestíbulo principal del edificio.
La Xunta también anunció que, dentro de este plan de reformas del nuevo inmueble, se colocará un sistema de control de acceso con tarjeta profesional desde el exterior a la zona restringida para los funcionarios, así como extracción de gases en el espacio destinado en el garaje al furgón policial para la conducción de los detenidos. En la Fiscalía se habilitará un despacho para la funcionaria coordinadora.
