José Luis Suárez Martínez, funcionario jefe de Personal de la Diputación de Ourense y alcalde del PP en Monterrei, no declaró en la comisaría porque su abogado no estaba en la ciudad, pero sí lo ha hecho en las diligencias que ordenó abrir el presidente provincial, José Manuel Baltar, para valorar si existieron irregularidades en la administración, ya que el funcionario es investigado por un presunto delito de cohecho en una supuesta trama de fraude en cursos de formación, en torno a una academia y asociación vinculada a ella que habrían defraudado unos 600.000 euros. En la investigación se destaparon supuestas compras de plazas en la Diputación ourensana por un importe de hasta 12.000 euros, gracias al "contacto" del empresario con alguien de la administración, un extremo que Suárez negó.

El vicesecretario provincial, Juan Marquina, fue designado el instructor de las diligencias. Tras tomar declaración a José Luis Suárez el miércoles 3 de mayo (aún no ha sido citado por el juzgado, tras no declarar en comisaría), el encargado de las diligencias informa al presidente de que "non existen elementos, nesta data e coa información existente, para iniciar expediente disciplinario contra o xefe de recursos humanos desta Deputación, todo elo sen prexuízo da información que poida obterse do sumario instruído en sede policial e xudicial". La causa tiene prioridad sobre cualquier incidente administrativo.

Suárez fue citado por la Policía Judicial el 27 de abril, a las 13.30 horas, cuando agentes de la comisaría se presentaron en su despacho para requerir su presencia a las cinco de esa tarde en comisaría, como investigado policial. En sede policial fue informado de sus derechos como" investigado no detenido por su presunta participación en un delito de soborno". El agente le informó de que el sumario se encontraba bajo secreto (la medida cautelar se alzó dos días después) y sería remitido al juzgado.

Suárez dijo al vicesecretario que desconoce los hechos que se le atribuyan ya que su abogado aún no ha podido acceder al caso. Con todo, negó "rotundamente" haber cometido el presunto delito de cohecho por el que es investigado. Además, el jefe de Personal mostró su "total colaboración" para facilitar toda la información que la Diputación le requiera.

La administración otorgó tres subvenciones a la asociación sin ánimo de lucro, esta última presuntamente constituida sin actividad real para captar ayudas públicas por cursos que no siempre se realizaban, entre 2005 y 2012. Al ser la administración provincial una posible perjudicada por el fraude, el vicesecretario propone a Baltar que "debería consultarse coa asesoría xurídica a posibilidade de personarse esta administración nas citadas dilixencias en calidade de prexudicada".

La administración subvencionó con 34.000 euros a la asociación sospechosa. Hubo una cuarta ayuda -de otros 30.000 euros para un congreso sobre el sida- que no llegó a librarse porque no se aportaron los justificantes debidos. En marzo de 2017, con la causa secreta, la interventora, Mónica Legaspi, certificó la existencia en los registros de contabilidad de una subvención concedida por la Xunta de Goberno provincial en 2008, por importe de 30.000 euros, para realizar el "Congreso Arte e Historia Medieval en Ourense".

En diciembre de 2012, por decreto de Presidencia se otorgó otra de 2.000 euros a la misma asociación para el "Curso de graduado en ESO para adultos correspondente ao ano 2012". Según la interventora, "unha vez concedida, e á vista da documentación xustificativa achegada pola entidade beneficiaria, consta no expediente informe favorable emitido pola xefa da Sección de Subvencións de data 16.01.2013 no relativo á xustificación da subvención".

Hay una tercera de la misma fecha, y también por decreto de la Presidencia, por otros 2.000 euros para "Curso de formación de persoas para atender a enfermos de alzheimer, correspondente ao ano 2012". También consta informe favorable de la jefa de sección de Subvencións, en enero de 2013.

Las conclusiones del vicesecretario -con fecha 5 de mayo- no son vinculantes, pero sí son una propuesta para que adopten una decisión "o señor presidente da Deputación e / ou a corporación". El informe se hizo público ayer a mediodía. Poco antes, el PSOE emitió un comunicado para acusar a Baltar de "hacerse el sueco" en un caso que calificaron de "alarmante". Los socialistas de la Diputación incluso denunciaron que "a calma que pide Baltar sirva para arranxar papeis sospeitosos e varrer debaixo da alfombra as ilegalidades que detalla a Policía Nacional".

En la operación fueron detenidas 5 personas (todas quedaron en libertad provisional) y hay otras dos más, José Luis Suárez incluido, que fueron investigados por la Policía (el juzgado aún no ha decidido si los cita). El caso partió de un anónimo que, en 2015, puso a la comisaría sobre la pista. Tras varios meses de pesquisas bajo secreto de sumario, los agentes han visto indicios de posibles delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública, así como blanqueo y estafa.