La posible desaparición de los registros civiles en el rural fue objeto de debate en el pleno y propició un acuerdo unánime de la corporación a favor de su mantenimiento. A partir de una moción presentada por los socialistas, se aprobó pedir a la Xunta que defienda este servicio ante el gobierno central y que apueste por su carácter "público único, estatal y gratuito". Exige la conservación de "todas y cada una de las oficinas existentes en la actualidad", incluidas las de los Juzgados de Paz, "con una gestión directa, sin intermediarios, y de forma próxima al ciudadano".
La Diputación también reclamará al Gobierno central la devolución "con carácter urgente" a los Registros Civiles de competencias "entregadas a registradores y notarios sobre los expedientes de nacionalidad, matrimonios, etc.". La corporación señala que la modernización e informatización del servicio no puede traer consigo su desaparición en el rural que, en el caso de Ourense, representa prácticamente todo el territorio.
Financiación local
Otra de las mociones presentadas por el PSOE en relación con la financiación de las entidades locales también recibió el respaldo de la corporación, excepto en un punto que fue rechazado por el PP. De esta forma, la Diputación pedirá a la Xunta que se aborde una reforma del Fondo de Cooperación Local, "aumentando la dotación económica de sus transferencias corrientes a los ayuntamientos y reduciendo las transferencias de capital procedentes de las subvenciones". También se exige del gobierno del Estado la introducción de criterios de dispersión, extensión territorial y envejecimiento en el reparto de fondos y una agilización de las modificaciones normativas necesarias que permitan la inversión del superávit generado polos ayuntamientos.
