El alcalde de A Merca (2.021 habitantes), Manuel Velo (PP) se ha sentado hoy en el banquillo por tardar años en ejecutar una orden de derribo de una casa unifamiliar ilegal, en un proceso que comenzó antes de que estuviera en el cargo, si bien contó con apercibimientos desde 2005 a 2014.

"Nunca tuve la intención de desobedecer al tribunal, quería derribar", ha alegado el regidor ante el juez del Penal 1. Manuel Velo dice que siempre que lo pretendía se producían alegaciones de las partes y aduce que hubo retraso hasta lograr que la familia afectada tuviera una alternativa y se evitaran "conflictos y alarma social" con los vecinos de la aldea. El regidor asegura que sufrió insultos y amenazas de muerte. No llegó a denunciarlos. Sigue en el cargo tras pedir la baja de la militancia del PP, tal y como establece el código ético del partido.

El derribo se materializó finalmente en marzo de 2015. No fue antes por falta de presupuesto del ayuntamiento, al representar la inversion de más de 20.000 € "un 70 u 80%" de la partida disponible para ejecución de obras en un año. Del coste de la demolición se hizo cargo el concello. Hay escasas posibilidades de que recupere el dinero porque el propietario es insolvente.

La fiscal acusa al político de actuar al saber que era investigado, y de desoír a la justicia a través de "maniobras dilatorias para no cumplir" y censura que "18 años no son necesarios para resolver una situación, independientemente de lo incómodo que resulta". Pide 5 meses de inhabilitación pública (además de alcalde, Velo es funcionario de Correos), así como multa de 700 euros.

La defensa aboga por la libre absolución, o en caso de condena una rebaja de las penas por atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. El caso ha quedado visto para sentencia. Velo es el primero de los cuatro alcaldes en activo de Ourense (3 son del PP) que se sientan en el banquillo este año, viendo su fututo político amenazado por los tribunales.