Tres sucesos ocurridos en lo que va de año en la provincia de Ourense llaman la atención sobre los problemas de salud mental como un factor más de la delincuencia. En los tres casos la autoridad judicial se ha apoyado en la evaluación psiquiátrica en el hospital como complemento -y paso previo- al ingreso preventivo en prisión, una suma de medidas para evitar que los investigados puedan reincidir. El sistema ofrece escasos recursos para tratar a investigados con patologías psiquiátricas. En España solo hay dos prisiones con unidades psiquiátricas, Sevilla y Alicante, sin plazas suficientes y reservadas para reos que cuentan ya con una condena.

En enero, un joven de 35 años, sembró el pánico en un supermercado al irrumpir con una escopeta de caza que disparó varias veces. No hubo heridos pero clientes y empleados vivieron momentos de máxima tensión. El intruso fue detenido sin ofrecer resistencia, en la caja. El juez acordó su ingreso en la unidad de agudos psiquiátricos antes de su traslado a la prisión de Pereiro, donde continúa.

A finales de enero, José Alén, de 59 años, mató presuntamente a su mujer, Virginia Ferradás, en su vivienda conyugal de O Carballiño. El marido sufre demencia y la víctima había pedido ayuda al ayuntamiento para poder cuidarlo. Once días antes de los hechos, se encaramó a un tejado. Tras el alta en urgencias volvió a casa. Como ayer informó este diario, los forenses están evaluando si conserva las facultades para ir a juicio.