Ante la denuncia hecha ayer por la diputada de En Marea, Ánxeles Cuña, cuestionando en la Comisión de Cultura del Parlamento de Galicia la privatización y concesión de la gestión del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica de San Cibrao de Lás, en el Concello de San Amaro, a una empresa dirigida por cargos pertenecientes al PP, la directora xeral de Patrimonio Cultural, Mari Carmen Martínez, asegura que la adjudicación de dicha gestión cumple la legislación vigente.

La diputada de En Marea apunta que en 2014 la empresa Espiral Xestión Cultural, administrada por familiares de cargos del PP, recibió de la Xunta 543.842,98 euros hasta 2017 para gestionar dicho parque arqueológico, "una empresa que fue creada en 2013, con nula o en todo caso muy reducida experiencia en gestión cultural, pero con dos administradores como Jorge Sayáns (hijo del alcalde del PP de Campo Lameiro) y Xulio Sayáns (con bastón de mando desde 1983)".

Destaca además que a pesar de su escasa vida, esta empresa fuera beneficiada con anterioridad para la gestión del parque arqueológico dedicado al arte rupestre de Campo Lameiro, sin necesidad de pasar por la mesa de contratación pública. Observa que parte de los petroglifos de Campo Lameiro fueron dañados por maquinaria pesada durante la roza del monte a consecuencia de su mala gestión.

Ante estas denuncias, la titular de Patrimonio Cultural compareció ayer en la Comisión de Educación e Cultura para responder a la parlamentaria de En Marea. Martínez replicó que las críticas "carecen de rigor" dado que el concurso público "se ajustó totalmente a la normativa administrativa" y destaca que la entidad privada presenta de forma continua "toda la documentación requerida" como las memorias anuales o los informes mensuales relativos a visitantes, quejas o sugerencias.

Además, destaca que las memorias que remite la concesionaria a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria incluye la relación de los puestos de trabajo, que "respeta el equipo mínimo contemplado en los pliegos". Apunta que "el adjudicatario tiene que comunicar a la Consellería todos los cambios de personal y garantizar la prestación del servicio".

Auditoría rechazada

Frente a ello, En Marea ha reclamado una auditoria pública a la empresa al considerar que "hay dudas" tanto en el "proceso de adjudicación" como en la "gestión en todo este tiempo, con incumplimientos en el número de personas contratadas, falta de mantenimiento de las instalaciones, falta de pago a proveedores". Petición ésta que ha sido rechazada por la directora xeral de Patrimonio Cultural.

Para En Marea la Rede Galega de Parques Arqueolóxicos de Galicia "no está cumpliendo la función para la que nació" pues "presuntamente cada uno de estos parques iba a actuar como motor dinamizador en las economías locales y como motor en la investigación de cada área, en este caso en la Cultura Castrexa".