El viernes 17, el constructor C. R. R., de 52 años, salió en libertad tras pasar menos de un mes preso por querer secuestrar presuntamente a la familia de un conocido abogado de Ourense, exsocio en una aventura inmobiliaria fallida hace una década. El plan era que terceros retuvieran a la mujer e hijo de 6 años del letrado para extorsionarlo, con el propósito de recuperar una supuesta deuda de 50.000 euros. El empresario contactó con dos personas en Vilagarcía para encargarles el trabajo a cambio de 10.000. Los retendrían con una jeringuilla. Uno de los supuestos sicarios confesó todo a la policía. La Audiencia Provincial de Ourense consideró suficiente una fianza como medida cautelar y ordenó la excarcelación del sospechoso; efectiva el pasado viernes. El fin de semana, la víctima volvió a la comisaría para ampliar la denuncia y manifestar su temor.
La Policía es consciente del riesgo. Entre rejas, el investigado contactó presuntamente con tres presos y les ofreció retomar el plan. El objetivo, esta vez, era el abogado. La recompensa sería un pago cuya cifra difiere, según el caso. De 10.000 que ofreció a uno de ellos, a 90.000 e incluso 900.000 que habría prometido a los otros dos, según fu entes consultadas. A uno de los reclusos, entre rejas por quebrantamiento de condena y conducción sin carné, le quedan solo un par de meses para salir. Necesitaba 800 euros para pagar su fianza. No accedió. Que lo eligiera a él evidencia "la mala intención del investigado", destaca el juez.
La oferta llegó a los oídos de los funcionarios de prisiones y el nuevo intento se desmontó. La Audiencia desconocía esta reincidencia cuando dictó la libertad "y además es un hecho que debe ser objeto de una mínima comprobación que no compete a la Audiencia", explicaron ayer fuentes del tribunal. El miércoles, el juez del caso, Leonardo Álvarez, ordenó el reingreso en la cárcel. El lunes 20, dictó auto de detención, una vez que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) lo alertó por escrito de que la familia de la víctima, así como el propio letrado, "se encuentran en una situación de riesgo, dada la obcecación" de C. R. R. En ese ínterin de 4 días de libertad, estaba en vigor una orden de alejamiento respecto a las víctimas de 300 metros.
El investigado reincide en el delito de secuestro en grado de tentativa. Leonardo Álvarez dictó la medida cautelar sin posibilidad de fianza. La estancia del investigado admite comunicaciones, pese a los contactos que presuntamente urdió en su anterior etapa preso para retomar el plan criminal. No hay escolta para las víctimas aunque sí comunicación fluida de la Policía.
La defensa pidió psiquiatría
El juez siguió el criterio de la Fiscalía y de la acusación particular, y en contra de la opinión de la defensa. Esta parte pretendía el internamiento de su cliente en la unidad de agudos del CHUO, para que fuera sometido a un examen psiquiátrico.
El auto de reingreso en la cárcel subraya que, una vez que el constructor fue detenido y encarcelado la primera vez, C. R. R. intentó contratar a un interno -según fuentes policiales, también a otros dos- para que en cuanto saliese de prisión -2 meses, en el caso que cita el juez- "procediese al secuestro" del abogado para cobrarle la deuda. De los 50.000 euros que reclama, daría 10.000 en pago al recluso.
Según la primera valoración del instructor, C. R. R. pudo haber cometido un delito de secuestro o de amenazas en grado de tentativa, el primero castigado con penas de 6 a 10 años y el segundo, de 1 a 5. El juez señala en su auto varios indicios contra el investigado. En el primer intento consta la declaración de los supuestos sicarios, afirmando que el constructor pretendía que retuviesen a la mujer al hijo de 6 años del letrado. Un secuestro exprés para exigir 50.000 euros.
Constan varias grabaciones comprometedoras, incluida alguna en la que CR. R. aludió presuntamente a la posibilidad de amenazar al letrado con una jeringuilla, u otra donde se pone de manifiesto su impaciencia por que los dos vilagarcianos "terminen de una vez el trabajo". El propio investigado reconoció tras la primera detención que los contrató para cobrar la deuda.
El juez esgrime la declaración como testigo del preso, a dos meses de salir, con el que contactó. Tres funcionarios de prisiones también testificaron en relación al segundo intento de secuestro. La versión de ellos es "creíble". El magistrado subraya el "evidente" riesgo de que el constructor atente contra el abogado o su familia, "un riesgo que se acrecienta si se halla en libertad". El hecho de que el sospechoso haya reincidido aun estando en la cárcel por lo mismo "evidencia una fijación peligrosa" con el abogado y su familia, dice el juez.
El auto de prisión preventivo, como el primero, no es firme. Admite recurso de apelación, de nuevo ante la Audiencia Provincial. La Sala excarceló al investigado el viernes por una fianza de 3.000 euros.
