La reforma de los juzgados de paz afecta a 84 concellos y al 47% de la población ourensana

PSOE y UGT tomaron el acuerdo de impulsar una estrategia conjunta para evitar que el futuro de los registros civiles "quede en manos" del presidente de la Xunta. Los socialistas anuncian que mantendrán encuentros y presentarán mociones en todas las instituciones públicas para instar a que la Xunta de Galicia demande del Gobierno central el mantenimiento de la actual estructura.

El 30 de julio -seis años después de su aprobación- finalizará la prórroga de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil. Durante este período de vacatio legis, el Ministerio de Justicia debía adaptar el Registro Civil al nuevo escenario, "pero no hizo absolutamente nada que no fuese preparar, por la callada y por la puerta de atrás, el desmantelamiento de los servicios".

En el pasado mes de febrero, durante una reunión sectorial, el ministerio trasladó los cambios que va a introducir en esa ley para adaptarla al escenario actual. UGT alertó en aquel momento de que existe "una confrontación entre el mantenimiento de los jugados de paz propuesto por el director xeral de Xustiza y la nueva redacción que se le va a dar a la disposición transitoria octava", con la que "se facultará a las comunidades autónomas a la organización territorial de los registros en función de sus necesidades organizativas, técnicas y presupuestarias, una vez rematada la nueva plataforma informática de acceso en la que ya están trabajando". Por lo tanto, este sindicato contempla la medida como "la apertura de la puerta a que una decisión arbitraria de un presidente autonómico permita destruir el servicio y cientos de oficinas públicas del registro".

El responsable del área de justicia de la UGT en Galicia, Manuel González Carvajal, asegura que lucharán contundentemente para impedir que el PP desmantele la actual estructura territorial.